“Entre el 26% y el 82% de los múltiples sectores de las ciudades intermedias no registran conexiones de agua potable“, encontró la Contraloría General de la República en un estudio realizado en Ciudad Quesada, Guápiles, Liberia, Limón, Pérez Zeledón, Puntarenas y Turrialba.

Esas con conocidas como las ciudades intermedias, porque no son ciudades principales como las de la Gran Área Metropolitana, ni pueden ser consideradas zonas rurales. “Son áreas que potencian las oportunidades de concentración de personas y sinergia productiva fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), aprovechando las economías a escala, que mantienen un vínculo entre un modelo urbano y rural, integrando los principios básicos de inclusión social, crecimiento económico y descarbonización”, define la Contraloría.

La institución encontró que aparte de los problemas de agua potable, que antes parecían no existir -el país es famoso por poder tomar agua del grifo-, “la cobertura de los servicios básicos en las ciudades intermedias es ineficaz, pues se cuenta con núcleos de alta densidad de población que tienen mejor cobertura y esta disminuye conforme se desplaza hacia la periferia”.

La cobertura de los servicios, así como el acceso al agua potable y el tratamiento de las aguas residuales -competencias de Acueductos y Alcantarillados-, son las mayores preocupaciones que arroja el estudio.

Según el reporte del órgano contralor apenas 4 de las 7 ciudades estudiadas tienen una cobertura de saneamiento de aguas residuales entre 9% y 44% de los sectores. En 3 no se brinda el servicio.

Entre las conclusiones con respecto al tema, la Contraloría notó que “la recolección de residuos disminuye en las periferias de las localidades de 2 ciudades intermedias”. Además, “la cobertura actual de los servicios públicos básicos genera brechas con la visión de desarrollo definida para las ciudades intermedias”.

A eso se suma la congestión vial en todos los centros de esas ciudades, como sucede en San Isidro de Pérez Zeledón, Guápiles de Pococí o Puntarenas centro.

El estudio de la Contraloría se realizó para “determinar la oportunidad y calidad en la cobertura de los servicios públicos básicos: agua potable, electricidad, recolección de residuos, movilidad, saneamiento de aguas residuales y telecomunicaciones, así como analizar la perspectiva de oferta en la prestación a futuro de tales servicios”.

La Contraloría recuerda que la insuficiente cobertura de los servicios públicos básicos profundiza la vulnerabilidad de las personas.

Revise el informe completo aquí.