Estudiantes, ex graduados, docentes y actual administración del Conservatorio Castella se mantiene en alerta ante la amenaza de que puedan perder su infraestructura fundamental, como lo es el Teatro Arnoldo Herrera y las instalaciones del centro educativo en Barreal de Heredia.
Según denunció Mauricio Herrera, hijo del fundador de esta institución de las artes costarricenses, “la integridad del Conservatorio de Castella está en peligro”.
“El Benemérito Conservatorio de Castella es público, siempre lo ha sido, fue fundado público y mi padre, el fundador, Arnoldo Herrera, siempre tuvo claro que la única posibilidad de existencia de la institución es que fuera público”, agregó Herrera.
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Como se sabe, el cuerpo docente y administrativo de la institución lo aporta el Ministerio de Educación Pública mediante un convenio.
Ahora denuncian que hay intereses privados, a través de una fundación, que buscaría vender la propiedad del teatro en La Sabana a una corporación privada.
Los docentes y estudiantes se están organizando por comités para defender el teatro y evitar su venta.
Herrera explicó que “el teatro en La Sabana fue construido con fondos públicos (hasta placa de la administración Orlich tiene) y la finca en Barreal de Heredia se adquirió con bonos del Estado”.
La alerta se prendió porque la fundación denunciada se habría reunido con autoridades del Ministerio de Educación para gestionar la venta o privatización del Castella. “Las autoridades del MEP estarían cometiendo un grave error si abren la puerta a esos intereses”, declaró Mauricio Herrera.
Según trascendió, hay una sentencia en firme dictada por un Juzgado que le prohíbe a esa fundación enajenar los bienes. Esa fundación puso a su nombre, desde hace muchos años, las dos propiedades en cuestión, lo que provocó grandes molestias en su momento, así como manifestaciones.
El temor es que el MEP lo entregue a manos privadas ahora mediante alguna argucia legal. Sin embargo, resulta claro que las voces en contra son muchas y en pie de guerra.
Al parecer, varias juntas anteriores lograron cerca de 3 millones para comprar un nuevo lote e impulsar la construcción de nuevas instalaciones, previendo que la fundación podría intentar vender esos bienes que le pertenecían a la institución.
El conflicto data desde el año 2000 aproximadamente.
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