La Sala Constitucional ordena al alcalde Miranda que responda por supuestas pérdidas ante inutilidad de parquímetros en San José.

Una resolución de la Sala indica que el alcalde Diego Miranda debe responder a varios cuestionamientos ante un recurso de la regidora Iztarú Alfaro de Liberación Nacional.

Según un comunicado de la regidora mediante su asesoría en comunicación, el alcalde debería dar “respuestas claras sobre los cuestionamientos realizados por la auditoría de la Municipalidad” acerca de “los más de ¢600 millones que el Municipio dejará de percibir por los errores en torno a la contratación de un sistema de parquímetros para el cantón de San José”.

Al parecer, el alcalde quiso cambiar la empresa proveedora del servicio de parquímetros en San José cuando empezó su gestión, pero sin éxito. Entonces eliminó el contrato que tenía el ex alcalde Johnny Araya, pero dejó sin servicio a San José, lo que ha atraído cuida carros informales y eliminó una fuente de ingresos para la municipalidad.

Alfaro también informó que el Concejo Municipal aprobó un monto de ¢4180 millones para el rubro de parquímetros en una reforma presupuestaria, como medida para enfrentar una futura contratación, “sin embargo, y a pesar de la aprobación de dicha partida, el servicio sigue sin ofrecerse”.

El recurso de amparo es una petitoria por información al alcalde Miranda, en varios puntos, sobre lo que sucede con el tema. Según la diputada Alfaro, el recurso indica que el alcalde debe responder por:

“·¿Cuál es el criterio técnico para tomar la decisión de remover la empresa de parquímetros que estaba brindando el servicio?
·¿Por qué se tramitó otra licitación para la atención de parquímetros, si era público y notorio que estaba pendiente de resolución un recurso de apelación en la Contraloría General de la Republica?
·¿Por qué un mes después de haberse resuelto por la Contraloría General de la República el Recurso de la empresa que brindaba el servicio y que obligaba a su contratación, la Administración no ha tomado una decisión, a pesar de las pérdidas que eso ha traído?”

La resolución del órgano constitucional da diez días a Miranda para entregar el detalle sobre esos temas, porque considera que la respuestas dadas previamente son insuficientes.

“Esta es la segunda ocasión en que la Sala Constitucional le ordena al alcalde Miranda, responder sobre este tema, pues el pasado 11 de octubre el despacho del alcalde había emitido una respuesta que, ni a criterio de los magistrados ni de la regidora Alfaro Guerrero, daban una explicación oportuna y concreta sobre el hueco en los ingresos municipales, ni las razones técnicas que lo motivaron”, comunica la regidora.

“El señor alcalde creyó que una respuesta vacía y de trámite, que más resultaba un asunto de mero trámite, que el de una verdadera rendición de cuentas iba a bastar. Ahora los señores Magistrados le vuelven a enmendar la plana, pero no es así; y le obligan a dar respuestas de fondo ante sus decisiones que, evidentemente afectan las arcas de la Municipalidad de San José”, agrega la regidora Alfaro Guerrero.