La Contraloría desautoriza póliza para jerarcas de Gobierno, como lo pretendía la administración Chaves Robles, mediante un financiamiento con fondos públicos, de todos los costarricenses.
Según la Contraloría General de la República, en su informe, el Estado no debe financiar una póliza que implique un riesgos por “responsabilidades personales de los funcionarios públicos”.
Así que anulada la contratación de ese seguro que presupone una gran venta para una empresa de seguros como intermediaria ante el Instituto Nacional de Seguros. Se trataba de una erogación millonaria por parte del Estado para proteger gastos legales de los jerarcas de rango más alto en las instituciones de Gobierno, como ministros y presidentes ejecutivos de instituciones autónomas. El seguro fue llamado como “póliza de la vergüenza”.
El reporte contralor explica que la contratación del seguro “no puede ser utilizada como un mecanismo para trasladar al erario responsabilidades personales de los funcionarios, ya que esto carece de sustento legal y vulnera los principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad en la administración de los fondos públicos”.
“La contratación de seguros por parte del Estado debe obedecer al propósito de respaldar exclusivamente aquellos riesgos inherentes a su operación que puedan generar obligaciones económicas legítimas, y no puede utilizarse como una vía para asumir responsabilidades personales de los funcionarios públicos”, agrega el informe del órgano contralor.
“En consecuencia, cualquier contratación de seguros debe limitarse a aquellos
productos que respalden riesgos o gastos que la Administración pueda legítimamente
asumir dentro del marco de sus competencias. De lo contrario, cualquier intento de
trasladar al patrimonio público responsabilidades personales o de otorgar beneficios
directos a funcionarios sería incompatible con el principio de legalidad y con el régimen de responsabilidad administrativa que rige la función pública”, continúa el informe.
“En suma, los recursos públicos sólo pueden destinarse a gastos que cuenten con
un respaldo legal y que el Estado esté facultado para asumir, y cualquier eventual
indemnización derivada de un seguro debe beneficiar a la Hacienda Pública y ser
gestionada conforme a los principios que rigen la administración de recursos públicos”, añaden las conclusiones del estudio realizado.
Finalmente, la CGR “recuerda al Ministerio de Hacienda la necesidad de garantizar el
cumplimiento del marco legal vigente, evitando cualquier actuación que pudiera
comprometer los recursos públicos o desvirtuar el régimen de responsabilidad
administrativa que rige para los funcionarios públicos. El respeto a estos principios no solo asegura la correcta gestión de la Hacienda Pública, sino que también fortalece la
confianza ciudadana en la administración del Estado”.
Usted puede consultar el informe completo aquí, oficio DFOE-DEC-0100(00517)-2025 remitido al Ministerio de Hacienda.