- El órgano contralor estima en ₡65.401 millones los cobros improcedentes por activos ya pagados. Ahora debe devolver a los abonados ese dinero.
- En paralelo, el propio AyA proyecta que ni un aumento del 15 % en las tarifas evitaría las pérdidas.
La Contraloría General de la República ordenó al AyA y a la ARESEP determinar y compensar a las personas usuarias los montos que se les han cobrado de más en las tarifas de agua potable, alcantarillado e hidrantes.
La disposición fija dos fechas. A más tardar el 30 de junio de 2027, ambas instituciones deben certificar cuáles son los montos cobrados en exceso y qué mecanismos usarán para devolverlos. Al 31 de diciembre de 2027, deben publicar en La Gaceta las nuevas fijaciones tarifarias que materialicen esa compensación.
El informe DFOE-SOS-IAD-00003-2026, del 3 de agosto, advierte que las disposiciones son de acatamiento obligatorio y que su incumplimiento injustificado es causal de responsabilidad.
De dónde salen los ₡65.401 millones
La cifra suma tres bolsas distintas, todas por el mismo motivo de fondo: los abonados siguen pagando por infraestructura que ya terminaron de pagar.
En alcantarillado, 5.909 activos completamente depreciados continúan facturándose, por un monto estimado al 2026 de ₡38.816 millones. En hidrantes, son 9.012 activos ya depreciados, equivalentes a ₡511 millones.
En agua potable, el perjuicio asciende a ₡26.074 millones y tiene un origen distinto. La ARESEP determinó en 2023 que los registros de activos del AyA entre 2018 y 2021 no eran razonables ni trazables, y ante la imposibilidad de validarlos optó por congelar la base tarifaria en los valores de 2018.
Esa medida de contención tuvo un efecto no previsto: al congelar la base, la ARESEP dejó de descontar la depreciación que los usuarios ya habían pagado. Con esos pagos, los abonados terminaron de cancelar 4.625 activos que, sin embargo, siguieron facturándose.
El problema se fue acumulando año con año. En 2024 se sumaron 894 activos más; en 2025, otros 2.092; y en 2026, 1.821 adicionales. Sobre todos ellos se sigue calculando además el rédito para el desarrollo, es decir, la rentabilidad a favor del operador.
El aumento viene
El segundo dato con proyección a futuro está en el modelo financiero del propio AyA, aportado a la Contraloría en mayo de este año.
A partir del próximo año, el servicio de acueducto registraría un déficit superior a los ₡34.000 millones, originado principalmente por costos de inversión y por el aumento en el pago de la deuda.
Y aquí está la advertencia que no aparece en el comunicado oficial: según las estimaciones del mismo Instituto, aun si se concretara un aumento del 15 % en las tarifas, el servicio mantendría pérdidas superiores a ₡12.000 millones.
La Contraloría plantea el objetivo de sus disposiciones en esos términos: asegurar la actualización oportuna de las tarifas para evitar “incrementos tarifarios abruptos en el futuro”.
El informe documenta un episodio concreto que explica parte del rezago actual.
En junio de 2025, la Administración Superior del AyA —Presidencia Ejecutiva y Gerencia General— conoció los estudios tarifarios ordinarios de acueducto y alcantarillado que ya había concluido la Unidad de Tarifas.
No hizo ninguna gestión ni les dio seguimiento. El envío al ente regulador quedó paralizado sin que se emitiera una justificación técnica que fundamentara la decisión. Eso impidió tramitar los aumentos que la propia institución había propuesto.
Tuberías que multiplicaron su valor 144 veces
El tercer eje del informe es la revaluación de activos, que representa el 21 % de lo que paga cada abonado.
De 3.761 bienes incorporados desde 2019, el AyA no consideró el desgaste al revaluarlos. El 75,7 % duplicó su costo original y el 63,1 % superó el 1.000 % de incremento. Solo en redes de distribución, los aumentos sumaron más de ₡124.979 millones, 77 veces su costo histórico.
El caso extremo: un activo registrado en ₡24 millones pasó a acumular una revaluación superior a ₡3.562 millones, un alza del 14.446 %.
Ese porcentaje corresponde a las líneas de distribución de la Región Huetar Caribe, precisamente la zona con el mayor nivel de agua no contabilizada del país: se pierde el 70 % del caudal.
La ARESEP cuestionó esos incrementos en la fijación de 2023 y los denegó, al considerar que aumentaban la base tarifaria sin generar beneficio para los usuarios. Señaló que parte de esos bienes era infraestructura instalada entre 1950 y 1980, cuya vida útil remanente se extendió hasta en 40 años.
Qué está en juego si no se corrige
La Contraloría advierte que el rezago tarifario compromete la cartera de megaproyectos del Instituto, entre ellos la Quinta Etapa del Acueducto Metropolitano y el Programa de Saneamiento en Zonas Urbanas.
También señala un efecto de arrastre: al no reconocerse en tarifa el costo de las obras nuevas, el AyA usa los fondos de revaluación para pagar deuda una vez vencidos los períodos de gracia. Esos recursos debían destinarse a reponer activos al final de su vida útil, de modo que la infraestructura deteriorada sigue operando y encarece el mantenimiento.
En 2024, el servicio de acueducto perdió ₡9.292 millones, mientras alcantarillado e hidrantes generaron utilidades por ₡3.687 millones y ₡243 millones. El AyA administra todos esos saldos en una cuenta común que llama “fondos corrientes”, sin separar lo que corresponde a cada servicio, lo que la Contraloría califica de subsidios cruzados no autorizados.
Quiénes responden y cuándo
Las once disposiciones tienen destinatarios con nombre y apellido.
La presidenta ejecutiva del AyA, Lourdes Sáurez Barboza, debe presentar un plan institucional para los estudios tarifarios antes del 28 de febrero de 2027, y una metodología que regule los peritajes de revaluación antes del 30 de octubre de 2026 —el plazo más próximo de todo el informe—.
El intendente de Agua de la ARESEP, Jorge Luis Sanarrucia Aragón, debe ejecutar una fiscalización financiero-contable sobre el AyA antes del 30 de junio de 2027. Ambos comparten la responsabilidad de la compensación a los usuarios.
La Junta Directiva del AyA debe rendir cuentas del seguimiento en septiembre de 2027 y de nuevo en septiembre de 2028.
Un antecedente pesa sobre todo el expediente: la Contraloría ya había advertido en 2016 que el AyA no presentaba sus estudios tarifarios ordinarios. Diez años después, los servicios conexos acumulan 21 años de rezago.
Fuente: Contraloría General de la República, informe DFOE-SOS-IAD-00003-2026, 3 de agosto de 2026.