La Contraloría detecta serias irregularidades en contrataciones que viene realizando el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), mediante un mecanismo sospechoso.

La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) utilizó la figura de “asociación empresarial” para que empresas privadas ejecutaran, de forma sustancial, contratos que diez instituciones públicas le adjudicaron bajo la excepción de contratación directa entre entes de derecho público.

Un segundo informe, centrado en la gobernanza de 16 alianzas vigentes, documenta pagos desconectados del riesgo del negocio, evaluaciones que ignoraron pérdidas y un convenio que nunca llegó a conocimiento del órgano contralor.

El mecanismo sospechoso: el contratista ejecuta y el ICE cobra

La ley exige que la entidad contratada bajo esta excepción ejecute por sí misma la prestación esencial. Sin embargo, la Contraloría halló que en contratos con la CCSS, el INAMU, el MAC, el MINAE, la Asamblea Legislativa, Hacienda, el AyA, la Municipalidad de Upala, el INS y el ICT, empresas como Corporación Font, SONDA, Continex, SWAT Consulting y Componentes El Orbe fueron las que aportaron el hardware, el software, la instalación y el mantenimiento, mientras el equipo permanece siendo propiedad del socio privado, no del ICE.

Datasys y el tufo del secretismo gubernamental: un acuerdo que la Contraloría nunca conoció

Entre los 16 convenios revisados apareció uno, el AC-023-19 con Datasys Group, que no había sido reportado nunca al órgano contralor. Es decir, presuntamente operando al margen de la Ley.

La CGR lo localizó en un expediente físico; consultado al respecto, pero las autoridades del ICE respondieron por correo que no tenían conocimiento del acuerdo, y no existe evidencia de que este haya generado ventas o ingresos en algún momento, según la investigación de la Contraloría.

Esta empresa, propiedad de Valenciano Krammer, el dirigente de Pueblo Soberano y amigo del expresidente Rodrigo Chaves, en los últimos años ha estado en el ojo público, por sospechas de presuntos contratos amañados. El mismo Rodrigo Chaves, hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda, viajó en el avión privado de Valenciano para recoger un premio infravalorado en Florida.

Nota de desempeño perfecta pese a nueve meses de pérdidas

Otro acuerdo cuestionado: Mientras Componentes El Orbe (AC-008-24) transfirió cerca del 83% de los ingresos al socio privado, el ICE acumulaba nueve meses consecutivos de márgenes negativos, de pérdidas.

Aun así, la empresa recibió una calificación de 100% en su evaluación de desempeño del segundo semestre de 2025, porque la rúbrica utilizada no consideraba la implementación real del servicio ante el cliente final.

Este tipo de actuaciones generan sospechas sobre el uso de la institución para enriquecer empresas privadas, asociadas a intereses creados por jerarcas de Gobierno, mientras el ICE absorbe las pérdidas y se va deteriorando poco a poco.

“Errores de Excel” para explicar pérdidas

Las irregularidades son tan graves y el presunto chorizo tan insólito que en el acuerdo AC-008-21, con el Consorcio SOIN-Siemens-CESA, los márgenes negativos detectados desde el inicio fueron corregidos posteriormente a valores positivos, evidenciando una manipulación de documentos.

El administrador del contrato atribuyó el cambio a un supuesto “error material en la hoja de cálculo” suministrada por la Gerencia de Finanzas, sin que se emitieran alertas oportunas a la jerarquía institucional. ¿Errores convenientes?

Pagos fijos e irregularidades contractuales

Una alianza estratégica supone, por definición, riesgos y beneficios compartidos.

Sin embargo, la CGR documentó pagos mensuales fijos ajenos a cualquier riesgo: $3.507,80 a GBM de Costa Rica por el servicio al Registro Nacional y $404.540,00 mensuales a SWAT Consulting por el centro de datos de Hacienda.

Además, todos los acuerdos revisados incluyen una cláusula que permite al ICE suspender el pago al socio si la institución pública cliente se atrasa, lo que evidencia que el riesgo real recae sobre el cliente final y no se comparte entre los aliados.

En 14 de los 16 acuerdos analizados, el ICE buscó al socio privado después de haber sido adjudicado el contrato con la entidad pública, no antes. Para la Contraloría, esto evidencia que el ICE no contaba con la capacidad técnica propia al momento de ofertar, y que recurrió a la alianza como mecanismo de tercerización, no como una unión de capacidades preexistentes para competir en el mercado.

Por otra parte, la investigación de la CGR encontró que, pese a que el Reglamento Corporativo de Asociaciones Empresariales vigente desde 2025, exige protocolos preventivos contra la corrupción, los acuerdos revisados solo incluyen menciones genéricas o declaraciones juradas aisladas, sin cláusulas específicas y detalladas de medidas anticorrupción.

Expedientes incompletos en cuatro instituciones

Como si lo anterior fuera poco, resulta que el INAMU, la Municipalidad de Upala, el AyA y la Asamblea Legislativa no pudieron acreditar que existiera un estudio de mercado en sus expedientes de contratación con el ICE.

El INAMU, Upala, el AyA y el ICT tampoco lograron localizar los documentos de decisión inicial, recomendación y adjudicación en firme de esos contratos, hoy vigentes o recién extinguidos. Es decir, se adjudicaron contratos sin estudios de mercado para valorar la necesidad real, de manera que se pueden crear compras innecesarias para beneficiar a contratistas particulares.

Contraloría ordena acción inmediata

Mediante dos oficios enviados al presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, la Contraloría emite varias órdenes vinculantes. Sin embargo, este asunto tiene más olor a la necesidad de una investigación de la Fiscalía General de la República.

Según la revisión de los dos oficios realizada por Culturacr.net, al Consejo Directivo del ICE se le ordena cesar de inmediato el uso de asociaciones empresariales con empresas privadas en contrataciones directas entre entes públicos, establecer mecanismos de control y trazabilidad documental, incluyendo protocolos anticorrupción y definir acciones correctivas con un plan de transición.

Además, las gerencias de Telecomunicaciones y Finanzas deben entregar, antes del 30 de octubre, un estudio técnico-financiero de las alianzas con márgenes bajos o negativos.

Las diez instituciones contratantes deben, por su parte, establecer controles para verificar la idoneidad del ICE antes de usar esta excepción.

Los datos de esta investigación de la Contraloría

El ICE reacciona

Las autoridades del ICE enviaron un comunicado esta tarde, donde afirman que el “documento está pendiente de conocimiento y análisis de fondo para determinar con precisión los alcances y las acciones que se deriven, en defensa de los intereses de la Institución en competencia”.

Sin embargo, la CGR informó de dos oficios enviados a Marco Acuña, donde le explica las órdenes emitidas por la institución.

“La transcendencia de dicho informe ocasiona graves daños al ICE, así como a las Instituciones Públicas a las que sirve. Este resta competitividad en el cumplimiento de sus cometidos legales, al tiempo que le cercena la flexibilidad y el fortalecimiento dotados por el Poder Legislativo con la apertura del mercado de las telecomunicaciones”, comunica el ICE.

“Por la gravedad del impacto, el ICE recurrirá a las acciones previstas en el ordenamiento jurídico para defender su régimen especial de contratación y el interés público que revisten los servicios que presta (sic)”, concluye el comunicado.