• Costa Rica extraditó su primer nacional a Europa, a Italia, por narcotráfico internacional, la Fiscalía desarticuló una red que defraudó a 160 personas con vehículos de lujo que nunca existieron, y el caso Pista Oscura avanzó en dos frentes: tribunal y comisión legislativa.

Costa Rica entregó este lunes a Italia al tercer costarricense extraditado desde que entró en vigencia la reforma constitucional que permite extraditar nacionales por narcotráfico y terrorismo. Se trata de un hombre de apellido Angulo, conocido con el alias “John Cadenas”, quien fue trasladado bajo custodia del OIJ desde el centro penitenciario La Reforma hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde abordó un vuelo comercial con escala en Madrid antes de continuar a Italia. Las autoridades italianas lo requieren para enfrentar cargos por tráfico internacional de estupefacientes desde Costa Rica hacia Europa.

El traslado se concretó después de que Italia completó el trámite de extradición presentando las garantías formales de respeto a los derechos fundamentales del imputado. El Ministerio Público señaló que la extradición reafirma el compromiso del país con la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.

La reforma constitucional que hizo posible esta entrega —un cambio histórico en el ordenamiento jurídico costarricense, que durante décadas prohibió la extradición de sus ciudadanos— sigue acumulando casos: con Angulo son ya tres los costarricenses entregados a jurisdicciones extranjeras en el marco de investigaciones por crimen organizado transnacional.

Fiscalía desarticula banda de defraudadores

En materia de fraude, la Fiscalía Adjunta de Fraudes ejecutó este lunes cinco allanamientos simultáneos en casas, oficinas de notaría y en un despacho empresarial en Escazú, y detuvo a cinco personas de apellidos Carvajal, González, Alvarado, Pizarro y Ramos, vinculadas con una red de venta fraudulenta de vehículos de alta gama.

La investigación revela que el grupo habría defraudado a más de 160 personas con la venta ficticia a plazo de automóviles de lujo que nunca fueron entregados, generando un perjuicio económico de aproximadamente ₡1.600 millones. Los imputados rindieron declaración indagatoria esta tarde y el Ministerio Público valorará las medidas cautelares.

Pista oscura ve claridad

El caso Pista Oscura tuvo este lunes dos movimientos relevantes en paralelo. Por un lado, el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública rechazó cuatro recursos de apelación de la empresa MECO y algunos imputados, y declaró en firme que los 23 allanamientos ejecutados en mayo de 2025 fueron lícitos y que la prueba obtenida en esas diligencias —incluyendo la detención de cuatro imputados— puede usarse en el proceso.

La investigación apunta a presuntas irregularidades en la inclusión del cantón de Liberia en un decreto de emergencia por ondas tropicales en 2022, lo que habría permitido adjudicar directamente a MECO obras de recarpeteo en el Aeropuerto Daniel Oduber por $39,9 millones, evadiendo los controles de la Contraloría General y cambiando el objeto del contrato original de rehabilitación. En el caso hay 15 personas y una persona jurídica bajo investigación.

Por otro lado, este mismo lunes la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa dictaminó por mayoría el informe legislativo del caso Pista Oscura, presentado por los diputados Antonio Ortega y Francisco Nicolás.

El caso llevó al arresto del entonces ministro del MOPT Mauricio Batalla, el presidente de la CNE y el director de Aviación Civil, y el informe concluyó que se produjo una presunta desviación de $39,9 millones mediante el uso irregular de una declaratoria de emergencia para adjudicar directamente obras a MECO, lo que según los legisladores investigadores desnaturalizó la inversión pública al convertir una rehabilitación en un simple recarpeteo.

Caso Gandoca-Manzanillo

Finalmente, en materia ambiental, la Fiscalía Ambiental logró que el Juzgado Penal ordenara medidas cautelares en el caso Gandoca-Manzanillo, que investiga a cinco personas —un particular, tres funcionarios del SINAC y un regente forestal— por la presunta autorización irregular de la tala de 94 árboles en una finca con ecosistema de humedal en Talamanca.

Las medidas incluyen la suspensión de permisos forestales, la clausura del camino interno de las fincas investigadas y la prohibición a la Municipalidad de Talamanca de visar nuevos planos en esas propiedades, todo mientras avanza la investigación penal.