Una oprobiosa y lamentable desigualdad en acceso a los créditos con fondos estatales confirmó la Contraloría General de la República.

La Contraloría revisó el acceso ciudadano a créditos en entidades públicas y su análisis de 17 entes y órganos que otorgan créditos de desarrollo a los ciudadanos y Mipymes, con resultados preocupantes y que deberían ocupar a los y las candidatas presidenciales.

El órgano contralor encontró “deficiencias originadas en la fragmentación del sistema y en la ausencia de una regulación y supervisión financiera efectiva”, como principal problema.

Además, indica que esa desarticulación “provoca, al menos, cuatro problemas críticos en el uso de recursos públicos, evidenciados en los datos a 2024 y 2025. Las situaciones detectadas comprometen la sostenibilidad de estos fondos y limita el acceso ciudadano al impacto social e inclusividad que busca el sistema”. 

Más claro no canta un gallo, dirían nuestros campesinos sin crédito para su crecimiento económico. Estos son los 4 problemas críticos que detectó la Contraloría (transcribimos según texto original de CGR):

• Falta de focalización: los recursos no llegan prioritariamente a quienes más lo necesitan lo que revela una profunda desigualdad: el 10% de los beneficiarios con los mayores ingresos concentra el 19,6% del monto total de los créditos.

• Ausencia de  controles en el otorgamiento de créditos: el 31,1% de los beneficiarios de créditos productivos no están inscritos en la CCSS y el 28,8% no lo está en el Ministerio de Hacienda, esta informalidad debilita la trazabilidad, e incrementa el riesgo de legitimación de capitales.

• Duplicidad y concentración de créditos: la falta de un sistema de información crediticia integrado ha permitido que tan solo 10 beneficiarios acaparen 684 operaciones crediticias por un monto de 6.434 millones de colones. Este patrón demuestra que el sistema tiende a recircular fondos entre unos pocos, distorsionando la distribución equitativa y limitando severamente su impacto social.
• Insostenibilidad financiera del sistema crediticio: la morosidad promedio del sistema (5,53%) duplica el estándar bancario (cercano al 3%), (caso extremo JUDESUR con un 56,9%). Este alto nivel de riesgo, agravado por las condonaciones de deuda, pone en peligro la sostenibilidad de los fondos para futuros proyectos sociales y productivos.

Entidades que fueron analizadas en este informe contralor

Los entes y órganos analizados en este estudio son:

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Corporación Bananera Nacional (Corbana), los Fideicomisos N° 955 para el cultivo de Palma Aceitera y para los productores de Piña, Fondo de Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme), Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade), Fondo Nacional de Financiamiento Ambiental (Fonafifo), Fondos especiales del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BP Bienestar, Fondo Especial para el Desarrollo, Fondo Especial de Vivienda), Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), Instituto Nacional de Fomento Municipal (IFAM), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) y Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (Faesupt).