La legisladora indígena Sonia Rojas Méndez informó a Culturacr.net que la actual administración Chaves Robles rebajó en aproximadamente un 20% para el año 2023 los dineros para recuperación de tierras indígenas.

Para el año 22 el presupuesto del Estado con este propósito era de 3.200 millones de colones, pero “bajo la administración actual, se produjo una reducción significativa, reflejada en el presupuesto asignado en el 2023, de ¢656 400 000 colones”, reveló Rojas en una entrevista concedida a Culturacr.net, que le compartimos a continuación.

También reveló que la recuperación de una tierra en Conte Burica que el Gobierno alardeó hace un par de meses fue una obra de la Asociación de Desarrollo Integral -ADI- de esa comunidad indígena al extremo sureste del país y no una gestión de la actual administración del Inder.

La diputada liberacionista realizó una participación en el espacio de control político de la Asamblea Legislativa -ver video al final de esta nota-, donde dio a conocer su molestia por el retraso en la recuperación de las tierras que fueron vendidas de manera ilegal en años anteriores por diferentes formas de corrupción, según denuncian las organizaciones indígenas.

En la entrevista, la diputada Rojas recordó la existencia del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (RTI), que empezó desde el año 2015, pero empezó a andar en 2016, una solución que fue elaborada poco a poco desde años anteriores y no fue obra mágica del gobierno actual, como se ha querido presumir.

De seguido, la breve entrevista a la legisladora Sonia Rojas:

1.   ¿Conoce usted los avances en el proceso de compra de tierras para recuperación de las comunidades indígenas?

Desde el año 2015, se inició con del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (RTI), el cual se puso en marcha en 2016. Lamentablemente, la actual administración ha mostrado una falta de compromiso evidente hacia el avance de este plan. Su negligencia e ineficacia han sido notorias. En el año 2022, se recibió un comunicado que señalaba la existencia de 16 casos de fincas pendientes de indemnización. Sin embargo, hasta la fecha, solo se ha completado la indemnización de una finca.

Es importante destacar que esta acción se logró gracias a la moción que presenté el 17 de octubre de 2024, desde la Comisión de Hacendarios, destinando 1,000 millones de colones a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, con el apoyo de la mayoría de mis compañeros diputados y diputadas, rechazada únicamente por el oficialismo. Además, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) me informó el 31 de agosto que no podían ejecutar los fondos asignados debido a restricciones presupuestarias relacionadas con la regla fiscal. Por ello, se buscó abordar este tema desde la Mesa Técnica del Gobierno Central, sin embargo, no les solucionaron. Ante esta situación, presenté una moción que permitió a la CONAI ejecutar el presupuesto destinado a las indemnizaciones. Esto evidencia la falta de voluntad del gobierno para avanzar con el Plan RTI.

Es relevante mencionar que la gestión para la indemnización de la finca, llevada a cabo en diciembre del 2023, fue liderada por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Conte Burica, aunque el gobierno en turno intentó atribuirse el mérito.

Queda de manera evidente, que esta administración ha fracasado en su responsabilidad de promover y priorizar la agenda indígena, particularmente en lo referente a la recuperación de los territorios indígenas.

2.   ¿Está de acuerdo con la necesidad de recuperar esas tierras y cómo debería hacerse?

La recuperación de las tierras y territorios es una prioridad para los pueblos indígenas, una demanda de larga data que ha conllevado pérdidas humanas, principalmente debido a la negligencia estatal. Este derecho está reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como por la ley indígena 6172 de 1977.

Los Pueblos indígenas deben estar en el centro de las agendas gubernamentales que garanticen avanzar en la implementación del plan RTI. La falta de voluntad política por parte del gobierno es el principal obstáculo para el progreso de este plan.

Debe hacerse con el apoyo completo del gobierno generando seguridad y acompañamiento en todo el proceso sin llegar a conflictos.

3.   ¿Conoce que el presupuesto del INDER para ese objetivo viene desde el año 21?

El presupuesto asignado al Plan RTI experimentó cambios significativos en los últimos años. En el año 2020, el plan contaba con un presupuesto inicial de 500 millones de colones. Sin embargo, para el 19 de abril de 2022, se incrementó, destinándose 3200 millones de colones. Lamentablemente, bajo la administración actual, se produjo una reducción significativa, reflejada en el presupuesto asignado en el 2023, de ¢656 400 000 colones -cerca de un 20%-. Ante esta disminución, la moción que presenté en octubre de 2023 le incrementó 1000 millones de colones adicionales al presupuesto del Plan RTI.

4.   ¿Considera que la administración Chaves Robles realmente tiene interés en resolver los problemas indígenas?

Este gobierno ha mostrado una omisión preocupante en el cumplimiento de sus responsabilidades hacia los Pueblos Indígenas. Se observa un retroceso en los avances en materia de derechos humanos, especialmente evidenciado por la no consulta de las políticas públicas y la falta de una la Política Pública para los Pueblos Indígenas.

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