Las diputadas y los diputados que visitarán el CATEM para revisar situación de migrantes retenidos en ese lugar, están denunciando hoy que el Gobierno está apurando que los deportados por el gobierno de Donald Trump firmen un consentimiento informado, en español, con el riesgo de ser expulsados del CATEM.
A solo días de la visita de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa al Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (CATEM), el gobierno de Rodrigo Chaves ha desatado una ofensiva que mezcla chantaje, manipulación y miedo a la fiscalización pública, denuncian las diputaciones.
La comisión legislativa, encabezada por la diputada liberacionista Montserrat Ruiz Guevara, con el firme respaldo del frenteamplista Antonio Ortega y la independiente Cinthya Córdoba, tiene previsto inspeccionar el CATEM este sábado 29 de marzo. Sin embargo, la administración Chaves ha montado una estrategia para vaciar el centro de detención antes de esa fecha.
Para el diputado Antonio Ortega se trata de una manipulación, porque no se les está dando el tiempo suficiente para contar con recursos esenciales para poder vivir afuera de ese lugar de un día para otro, como tener hospedaje, alimentación o un trabajo.
Presión y amenaza contra migrantes
Según denunció el diputado Antonio Ortega en su espacio de control político, el gobierno ha comenzado a circular este mismo 26 de marzo una nota en español dirigida a los migrantes, quienes en su mayoría no dominan ese idioma, ofreciéndoles tres “opciones” para salir del CATEM: retorno voluntario asistido, viaje a un tercer país o una categoría especial humanitaria/refugio en Costa Rica.
El problema radica en el plazo y las condiciones impuestas: los migrantes deben decidir antes del jueves a las 9:00 a.m., bajo la advertencia de que si solicitan refugio serán expulsados del CATEM inmediatamente. En otras palabras, serán arrojados a la calle sin red de apoyo, sin orientación ni alojamiento.
“Esta es una medida inhumana y manipuladora. Un chantaje disfrazado de trámite administrativo”, denunció Ortega, advirtiendo que se trata de una estrategia para evitar que los legisladores y sus asesores vean la realidad que viven las personas migrantes detenidas.
La prensa, excluida por diseño
La visita de la Comisión tampoco contará con cobertura mediática independiente. El Ministerio de Seguridad Pública impuso condiciones draconianas para el ingreso de periodistas: cada migrante deberá firmar un consentimiento informado, redactado en su idioma o dialecto materno, antes de poder ser fotografiado o entrevistado.
Lo paradójico es que, mientras se exige ese nivel de formalismo para garantizar derechos, la nota que el gobierno circula hoy para presionar decisiones migratorias está escrita únicamente en español, lo que evidencia una doble moral institucional.
¿Qué oculta el gobierno de Chaves?
El gobierno ha restringido el ingreso de medios, limitado a los diputados y sus asesores, y ahora presiona a los migrantes para que abandonen el centro antes de ser observados. Ortega lo resume en una pregunta demoledora:
“¿Qué esconde este gobierno? ¿Por qué la urgencia y el chantaje?”
En medio de estas maniobras, la Comisión de Derechos Humanos mantiene firme su compromiso de verificar las condiciones en el CATEM y velar por el respeto de los derechos fundamentales de cada persona retenida.
Con información de Radio Zurquí en alianza informativa.
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