Dos versiones de una detención, ese parece el título común que podríamos leer regularmente en las noticias sobre seguridad. Esa situación se da porque, normalmente, las operaciones que realizan las instituciones del Poder Judicial (como la Fiscalía o el OIJ), encuentran otra versión en los comunicados del Ministerio de Seguridad Pública, institución que usualmente se arroga el mérito de operativos e investigaciones en proceso.
Por ejemplo, hoy se realizó la detención de una funcionaria de Migración y Extranjería, una dependencia del Ministerio de Gobernación -adscrito al Poder Ejecutivo- por presuntos favorecimientos a “un extranjero vinculado a un grupo terrorista”, como lo reportó la Fiscalía Anticorrupción, entidad que realiza la investigación.
La versión que se apropia de lo ajeno
Sin embargo, para el ministro de Seguridad, Gerald Campos, el trabajo fue “una coordinación entre la Policía Profesional de Migración y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS)” -entidad manejada por Casa Presidencial-, lo que “permitió desarrollar una investigación que culminó esta mañana con la detención”.
Como se puede ver en el video, el ministro Campos se atribuye la investigación que realiza la Fiscalía y en la que el Ministerio de Seguridad y la DIS solamente participan como operadores de las órdenes emitidas desde el Poder Judicial:
El comunicado del MSP indicó que “esta acción incluyó el allanamiento de la vivienda de la detenida”.
La versión profesional e inclusiva
En ningún momento mencionan ninguna otra institución participante, sin embargo, el Ministerio Público sí informó que “la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción dirigió esta mañana tres allanamientos y ordenó la detención de una oficial (…) quien figura como sospechosa de los presuntos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública, cohecho propio y sabotaje informático”.
“De acuerdo con la investigación, la funcionaria habría facilitado y simulado el ingreso formal al país de un extranjero que se encontraba en condición migratoria irregular. Según informes de inteligencia, el sujeto tiene un perfil de alta peligrosidad y estaría vinculado con una organización terrorista internacional”, agregó la Fiscalía.
La Fiscalía, además, informó que “se investiga si la imputada, de apellido Barquero, alteró los sistemas informáticos públicos, insertó datos falsos y selló de manera irregular el pasaporte del implicado, evadiendo las alertas del control migratorio costarricense, obligatorias para cualquier persona que pretenda ingresar al territorio nacional”.
Como es evidente, se trata de una investigación realizada por la Fiscalía, entidad que notoriamente tiene más conocimiento del caso y dirige las acciones de los operativos.
El Ministerio Público le tomará declaración indagatoria a la funcionaria y posteriormente la presentará ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, en el Segundo Circuito Judicial de San José, donde solicitará la imposición de medidas cautelares.
Los allanamientos, dos de ellos realizados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y uno en la vivienda de la imputada, tienen la finalidad de decomisar prueba de interés para el caso. En cuanto al extranjero, este permanece detenido a la orden de las autoridades migratorias, que tramitan la cancelación de su estatus migratorio.
La Fiscalía, sin embargo, reconoce que la investigación se desarrolla en conjunto con la Policía Profesional de Migración, dentro del expediente 26-000215-1218-PE. “La fiscalía señaló que la investigación también busca desarticular la estructura criminal que podría estar operando detrás de este caso y prevenir futuros ingresos irregulares que amenacen la estabilidad nacional”, concluye el comunicado del trabajo que realizan los funcionarios al mando de Carlo Díaz
Poder Judicial deja claro que corrupción en esa institución tiene cero tolerancia
El Poder Judicial informó que, “mediante sus mecanismos de control interno, detecta, investiga y procesa a los funcionarios presuntamente vinculadas con actos de corrupción” y que por esa razón se logran encontrar los responsables de la infiltración del crimen en las instituciones del estado.
El Judicial recordó 4 casos donde ha sucedido eso, lo que representa garantía de permanente vigilancia y activación de sistemas que pueden fallar, pero logran realizar la lucha contra ese flagelo.
“La existencia de estos casos no contradice una política de cero tolerancia; por el contrario, demuestra que los mecanismos institucionales funcionan para detectar, investigar y sancionar las conductas irregulares”, explica el Judicial:
Caso Madre Patria: tres exfuncionarios y un funcionario son investigados por la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada.
Caso Topo: tres jueces y dos exfiscales fueron acusados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Caso Mendoza Hidalgo: un técnico judicial del Tribunal Penal de Puntarenas fue condenado, mediante sentencia firme, a nueve años de prisión por narcotráfico.
Caso Jet: un juez de Limón se encuentra pendiente de sentencia, luego de que reconociera los hechos que se le imputan.
Caso Celso Gamboa: fue designado por la Asamblea Legislativa, no por la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí hizo la Corte fue solicitar oportunamente al Congreso su destitución, una vez que fue vinculado con presuntos actos irregulares.
Además, recordó que el sistema funciona por pasos:
· El OIJ investiga y detiene.
· El Ministerio Público dirige la investigación y presenta la acusación.
· Los jueces dictan sentencia.
