El Poder Ejecutivo consultará a la Procuraduría General de la República la viabilidad y legalidad de que el Ministerio de Hacienda pague, con dinero público, una póliza para defender al presidente Rodrigo Chaves, vicepresidentes, ministros y viceministros ante eventuales denuncias o procesos legales por mala práctica en sus gestiones.

Mediante conferencia de prensa, el ministro Nogui Acosta, el vicepresidente Stephan Brunner y la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros, Gabriela Chacón, trataron de justificar la contratación esta tarde.

Días atrás la Contraloría manifestó que la póliza estaría violando la legislación que indica, particularmente, que son los mismos políticos jerarcas quienes deben contratar con su dinero dicha póliza, y no el estado costarricense.

Según aseveró Nogui Acosta, la Contraloría estaría equivocada con su percepción del asunto, porque la modalidad de aseguramiento no es la que supone el órgano contralor. Por esa razón van a hacer una pausa en la contratación de la póliza y procederán a hacer una consulta a la Procuraduría General de la República -el abogado del estado- y a la Contraloría.

“El artículo 13 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N°. 8131 impone para todo encargado de “recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos” el deber de rendir una garantía con cargo a su propio peculio, en favor de la Hacienda Pública o la Administración a la cual labora, con el único objetivo de asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones”, explicó la Contraloría a CulturaCR.

Acosta afirmó que los ministros y demás jerarcas están en una situación complicada porque toman decisiones que exponen su propio patrimonio ante lo que define como “denuncia temerarias”, ante “situaciones que buscan amedrentar a los ministros y ministras”.

Agregó también que la póliza no incluye el dolo, de manera que no aplica para casos de corrupción, según su percepción. El ministro de Hacienda recordó que los super intendentes y funcionarios del sector financiero tienen pólizas para defenderlos. Además puso como ejemplo una ley que está en la Asamblea Legislativa para proteger funcionarios públicos.

“No hay tal situación de que se pretenda proteger a los funcionarios de comportamientos inadecuados”, afirmó Acosta.

Stephen Brunner, además justificó según su criterio que también los jueces están protegidos para evitar demandas por sus decisiones. Brunner también recordó que el presidente tiene más de 50 denuncias en dos años y en cada una de esas tendrá que gastar de su dinero para defenderse.

El vicepresidente agregó que en la Asamblea Legislativa tiene como “deporte” poner denuncias, “a eso se dedican”, aseveró.

Según Brunner, este seguro en concreto no incluye dolo, es decir, “si en el juicio se declara que fue con dolo o fue un error del funcionario, el funcionario tiene que devolver el dinero que usó en su defensa”. Dijo que no se pretende alcahuetear el dolo, pero que se busca que cuando “haga su trabajo bien, el patrono no los va a dejar solos”.

“Esto no es para defender si hubo dolo ni tampoco es para antes de que se contrate la póliza, es para una defensa adecuada de parte de abogados en relación con denuncias que se presentan contra funcionarios públicos”, añadió el jerarca de Hacienda.

Gabriela Chacón, del INS, afirmó que tiene 41 pólizas como esta activas, porque es un producto que vende desde tiempo atrás. Señaló que el 95% está cedida a un asegurador externo a la institución.