Juan Diego Castro salió con su paranoia vociferando allanamientos que se daría en estos días porque “los habría ordenado” el Fiscal General Carlo Díaz, como si el fiscal fue omnipotente y no tuviera que someterse a la Ley y sus procesos.

Lo primero que debe entenderse es que un fiscal no ordena un allanamiento, otra mentira más que vemos en las redes sociales del chavismo y sus reiterados bulos. Para realizar un allanamiento se requiere suficiente elemento probatorio y debe ser ordenado por los magistrados de la República. No se trata simplemente de llamar al OIJ y decirles: “Estén listos porque decidimos allanar Casa Presidencial”.

Tal es el nivel de paranoia y conspiracionismo de Juan Diego Castro y sus seguidores que si registramos su historial veremos decenas de casos repetidos, donde se inventa o le cuentan chismes, historias de pasillo, que luego él repite con su escoba charlatana para instigar huestes de crédulos e ignorantes. Y al final no sucede nada, pero él y sus seguidores callan miserablemente, sin rectificar el error.

Ese es el único poder de Castro, uno de los abogados y defensores de Rodrigo Chaves, luego de que en un video hubiera despotricado contra él en la campaña electoral. Así es el nivel de farsa que este señor ha venido construyendo durante muchos años. Hoy puede despotricar contra alguien y, si le conviene, mañana puede ser uña y carne con ese mismo alguien. Fue ministro y defensor de José María Figueres, luego despotricó contra el PLN, luego contra Rodrigo Chaves y ahora es su defensor.

Circula video donde Juan Diego Castro habla pestes de Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros

Ahora bien, si realmente vinieran en camino posibles allanamientos a Casa Presidencial eso no sería nada extraño, porque todos sabemos en este país que Rodrigo Chaves ha venido incurriendo en actos que presumen ilegalidades. Y en Costa Rica, aunque no le guste a los fanáticos del “mesías”, la ley aplica para todos por igual. Es más, los únicos que están protegidos de la ley son los diputados y el mismo Presidente de la República. Pero pueden perder la inmunidad según sea el caso.

Y no sería la primera vez: la Fiscalía y el OIJ -autorizados por juez competente-, habían allanado Casa Presidencial durante el Gobierno de Carlos Alvarado, por el caso de la UPAD. En aquel entonces Alvarado instruyó total apertura y abrió las puertas de Presidencia para que los fiscales hicieran su trabajo, sin ningún inconveniente, como lo hace un demócrata y una persona respetuosa de la Ley. Alvarado no tenía ni una denuncia legal en su contra ni procesos de investigación en camino, porque se había ajustado a la ley, a pesar de los errores cometidos con el decreto de formación de la UPAD.

Si el actual presidente Rodrigo Chaves incurrió en algún delito, ¿por qué no lo habrían de tocar, de arrestar e indagar como corresponde? ¿Acaso es un tico con corona que es inmune a la Ley, un “mesías” que no debería ser juzgado con la ley de los mortales, de los demás ciudadanos de la República? Si hay allanamientos y detenciones, es porque hay indicios suficientes o razón suficiente para la necesidad de recaba pruebas en los lugares donde se realizan los allanamientos.