Un proyecto de ley que elimina la regla fiscal del presupuesto de la educación tiene el apoyo de casi todas las bancadas de oposición, principalmente Liberación Nacional y el Frente Amplio.

El proyecto de ley, expediente 25.412, nace de un texto base elaborado por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y trabajado por diferentes diputaciones de la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa.

Según el PLN, la propuesta busca garantizar el cumplimiento pleno del artículo 78 de la Constitución Política, que obliga al Estado a destinar un mínimo del 8% del PIB a la educación pública.

El Frente Amplio, por su parte, estima que el proyecto garantiza que la totalidad de la inversión vinculada al derecho a la educación pública —en todos sus niveles, desde preescolar, primaria, secundaria, técnica, parauniversitaria y universitaria — así como en los programas y servicios que aseguran el acceso, permanencia y culminación de estudios, quede fuera de las limitaciones impuestas por la Ley N.º 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (regla fiscal).

“Este mandato fue reafirmado recientemente por la Sala Constitucional, en el que estableció que el 8% constituye un “fondo atado por designio constitucional”, el cual no puede ser reducido ni condicionado por normas de rango legal ordinario, incluyendo la regla fiscal”, coincide el Frente Amplio.

Ambas agrupaciones están claras de que un mandato constitucional “no puede ser limitado ni condicionado por normas de rango legal ordinario, como la regla fiscal”.

“La aplicación de esta regla ha generado restricciones que afectan la cobertura, la calidad educativa, la infraestructura, los programas de equidad y la ejecución presupuestaria del sector”, defienden los liberacionistas.

La iniciativa reforma el inciso m) del artículo 6 de la Ley 9635 para excluir de manera expresa todos los niveles, programas e instituciones de educación pública, incluyendo infraestructura, becas, comedores escolares, transporte estudiantil, universidades públicas, el INA, los colegios universitarios y el CONARE. Además, establece que los recursos excluidos no podrán ser redirigidos a otros rubros sujetos a la regla fiscal, según explicaron los proponentes.

“Estamos en un momento histórico para que se corrija ese error que se cometió con la educación pública costarricense, el cual es inconstitucional. Desde APSE continuaremos vigilantes para que este proyecto se convierta en ley de la República”, enfatizó Dennis Solís, presidente de APSE.

“Si bien el propósito de sostenibilidad de las finanzas públicas resulta legítimo, su aplicación indiscriminada ha generado tensiones evidentes con mandatos constitucionales de protección reforzada, particularmente en materia educativa”, agrega el PLN.

“En este capítulo de la historia de nuestro país, necesitamos seguir teniendo una educación consolidada, que es la que nos ha permitido tener un talento humano capacitado y de alto nivel en diferentes ramas profesionales. Eso ha sido gracias a la educación pública costarricense”, puntualizó Geison Valverde, diputado de Liberación Nacional y presidente de la Comisión Especial de Educación, quien propuso esta iniciativa.

“El enfoque de este proyecto es hacer cumplir el mandato constitucional del 8% del PIB, y ese es el enfoque que nos parece debe prevalecer en una sociedad que se precie de ser civilizada y se precie de buscar el desarrollo para todas y todos. Aquí es necesario sumar voluntades políticas y esas voluntades también se suman en las aulas y en las calles”, resaltó Rocío Alfaro, diputada y jefa de fracción del Frente Amplio.

Ambos partidos políticos defienden que la educación pública no debe considerarse como un gasto, sino como una inversión.

“La educación no es un gasto prescindible; es la inversión más estratégica que tiene Costa Rica para reducir desigualdades, fortalecer la democracia y promover el desarrollo humano. La sostenibilidad fiscal debe convivir con la protección de los derechos, no atropellarlos”, agregó el legislador Valverde Méndez del PLN.