Un proyecto de ley la diputada Marta Esquivel buscar sacar las pensiones no contributivas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y pasarlas al Ministerio de Trabajo (MTSS).
Según el proyecto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) deberá administrar las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), que son las pensiones para personas en pobreza o vulnerabilidad.
Según la lógica de Esquivel, la CCSS debe enfocarse en temas de salud y las pensiones contributivas, es decir, las que financian el sistema de salud pública de esa institución y que sea el MTSS el que por su presunta naturaleza se encargue de programas de asistencia social.
Según el proyecto, se busca mejorar la eficiencia, evitar duplicidad de funciones y garantizar la recepción de esas pensiones a las personas beneficiarias. Sin embargo, parece un absurdo sacar un programa de bien social de una institución de asistencia social, como lo es la CCSS, hacia otra con una condición similar.
Según el proyecto, hay una distinción entre lo que se entiende como seguro social y lo que se entiende como asistencia social, es decir, no corresponde a la CCSS administrar un programa de asistencia social, porque su mandato es manejar seguros sociales. En el fondo se trata de una separación conceptual artificial.
El problema de fondo es que en el Ministerio de Trabajo estas pensiones podrán ser politizadas, de manera que sean entregadas solamente a “pegabanderas” o personas que hagan trabajo político-electoral (troles en redes, por ejemplo). Es decir, abre una puerta al clientelismo político que se practicaba masivamente el siglo pasado.
El proyecto representa además un gasto administrativo y burocrático que podría ser innecesario, al pasarlo de una institución a otra. La iniciativa propone que la transición duraría un año y, mientras tanto, el servicio seguirá en la CCSS.
El proyecto, al quitarle la administración del RNC, podría restarle presencia en programas sociales, además de generar inseguridad jurídica y social.
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