El Juzgado de Hacienda dictó esta tarde una serie de medidas cautelares con Mauricio Batalla y demás implicados en el caso “Pista Oscura”.
Destaca el hecho de que al actual presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, no se le dictaron medidas cautalares de ningún tipo.
En este caso, la Fiscalía no pidió prisión preventiva como parte de las medidas cautelares, sino medidas básicas. Sin embargo, se pidió la destitución de los cargos de cada uno de los implicados, pero el juzgado no lo consideró correcto.
Sin embargo, por un plazo de un año a vencer el 19 de mayo de 2026 se dictó que el ex ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, así como los implicados de apellidos Castillo y Villalobos tienen prohibición de “comunicarse, influir, amenazar, intimidar y perturbar de manera directa, por terceras personas o medios electrónicos, redes sociales, llamadas, mensajes, con los testigos en la causa”.
En el caso concreto de Batalla, además se le prohíbe el ingreso a las instituciones públicas involucradas, sea Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Aviación Civil y Comisión Nacional de Emergencias.
“Respecto al imputado Castillo se adicionan las siguientes medidas cautelares:
Se le prohíbe de conocer cualquier asunto relacionado con el proceso de licitación 2023PX-000239-0006500001 o de conocer cualquier situación laboral de los testigos, e ingresar a las oficinas centrales de la DGAC, por lo cuál deberá tomar las medidas para atender el resto de sus labores en otras oficinas de la DGAC. Se le prohíbe conocer nada relacionado con la Unidad de Infraestructura de la DGAC, que es donde se desempeñan los antiguos miembros de la UE”, informa el Poder Judicial.
“Respecto al imputado Villalobos se adicionan las siguientes medidas cautelares:
Se dispone la reubicación del puesto como ingeniero fiscalizador dentro del CNE y se le deberá ubicar en alguna otra oficina a fin a su perfil profesional.
Se le prohíbe de conocer cualquier asunto relacionado con el proceso de licitación 2023PX-000239-0006500001″, agrega la información oficial.
El Ministerio Público preentó un recurso de apelación a esta decisión que ahora debe resolver el Tribunal Penal de Hacienda.