Fiscalía y Casa Presidencial se enfrentan con dos versiones sobre la Fuerza Pública estaba en ley para detener a los manifestantes en Hatillo el lunes pasado o no.

Casa Presidencial compartió hoy un informe policial con fecha de ayer 20 de marzo donde se plantea que el jefe policial consultó a fiscal adjunto del Primer Circuito Judicial de San José, Lic. Álvaro Montoya Martínez, acerca del bloqueo que se realizaba en Hatillo por parte de unos vecinos que protestaban ante la carencia de agua en esas comunidades.

Según el presidente Rodrigo Chaves, existió una orden judicial para detener a los ciudadanos que se manifestaban.

Según el reporte policial firmado por Rodrigo Alfaro Padilla, director regional de la Fuerza Pública, “el Lic. Montoya Martínez me indica que la acción que están desarrollando los vecinos en ese momento (bloqueo) es un delito, acto seguido me indica que proceda a identificar a las personas que lideran el movimiento social, les indique que están cometiendo delito y les solicite habiliten la vía por completo inmediatamente”, indica el reporte de Alfaro.

“En atención a la dirección funcional brindada, se procedió de esa manera, se les realizó
la advertencia de que la acción que desarrollaban era un delito, los vecinos hicieron
caso omiso, por lo tanto, se procedió acorde a lo indicado por el señor Fiscal de la
República, se detuvo 9 personas (3 mujeres y 6 hombres) identificados plenamente como los líderes del movimiento y fueron presentados en la citada Fiscalía acorde a la
instrucción recibida”.

Sin embargo, el Semanario Universidad consultó al Ministerio Público y se indicó que no había orden judicial para detener a los manifestantes que hacían obstrucción de la vía.

La Fiscalía confirmó la comunicación con el jefe policial de apellido Alfaro, pero determinó que el “funcionario indicó al fiscal adjunto que se estaban presentando bloqueos en el sector de Hatillo y consultó sobre la posibilidad de detener a esas personas con el fin de presentarlas en la Fiscalía de Flagrancia, a lo que el fiscal Montoya respondió que sí era posible”.

Y añade: “El caso se recibió y el Tribunal de Flagrancia rechazó la competencia en horas de la noche, ordenando medidas cautelares a las personas detenidas. En virtud de ello, el expediente será tramitado en la Fiscalía de Hatillo”.

Según el presidente Chaves recibió una orden de que “vaya y agarra esa gente y llévelos al Tribunal de Flagrancia” y luego agregó: “El ministro de Seguridad Pública tiene la obligación legal y constitucional de acatar las órdenes del Poder Judicial”.

Sin embargo, no existía esa orden, según la versión de la Fiscalía.

Hoy Casa Presidencial presentó el reporte policial como supuesta evidencia de que sí existía la orden, pero según parece se trató solamente de una consulta informal, no de una orden de la Fiscalía.