La Fiscalía y el OIJ allanan bufete de abogados en Los Yoses por el caso de estructura paralela que se habría usado para financiar la campaña de Rodrigo Chaves Robles. Se trata del bufete de André Tinoco, Canciller de la República.
El Poder Judicial informó que los imputados en esta causa penal son cuatro personas de apellidos Chaves Robles, André Tinoco, Alpízar Loaiza y Agüero Sanabria. Los apellidos indican que se trata del presidente Rodrigo Chaves Robles, el canciller André Tinoco y los diputados Luz Mary Alpízar y Waldo Agüero.
La Fiscalía General confirmó que el allanamiento, que no fue comunicado de manera sensacionalista como en otros casos, se realizó durante esta mañana y tarde en un bufete ubicado en Los Yoses, “con el objetivo de obtener prueba documental y electrónica para incorporar al expediente en investigación, 22-000116-1218-PE”.
Según la Fiscalía en esta causa “se investigan presuntos delitos sobre financiamiento ilegal de partidos políticos (artículo 273 Código Electoral), por una presunta estructura paralela de financiamiento electoral del PPSD” (Partido Progreso Social Democrático).
“Tal y como lo establece la legislación nacional, la diligencia fue dirigida por el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez”, se informó.
Además, se informó que no se logró concluir hoy con todo el allanamiento, por lo que será reanudada próximamente.
“Este allanamiento se realizó con agentes del Organismo de Investigación Judicial y contó con la autorización de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de personas investigadas que tienen inmunidad”, comunicó la entidad.
Una investigación del Tribunal Supremo de Elecciones dio con una presunta estructura que financió la campaña de Rodrigo Chaves y supuestamente también de algunos candidatos a diputados como el caso de Waldo Agüero. Los pagos se dieron a medios de comunicación y aparentemente nunca fueron reportados al TSE.
Según las investigaciones presuntamente el financista Jack Loebb (en la imagen) habría financiado la campaña de Rodrigo Chaves mediante grandes sumas que fueron transferidas a una cuenta bancaria de una hija del diputado Waldo Agüero, Sofía Agüero, quien se fue del país para aparentemente evitar la comparecencia en la comisión legislativa que investiga el caso.
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