- El diputado Edgardo Araya sostuvo en el Plenario que la presidenta de la Asamblea Legislativa y el ministro de Hacienda “rayaron en la sedición”, el mismo día en que el oficialismo presentó una querella por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
El diputado del Frente Amplio Edgardo Araya acusó este lunes a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y al ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, de haber incurrido en conductas que rozan la sedición.
“Hoy la presidenta de la Asamblea Legislativa y el ministro de Hacienda rayaron en la sedición”, afirmó en el Plenario, invocando el artículo 4 de la Constitución Política. Según el legislador, ambos “casi llamaron a una insurrección popular”.
El artículo 4 establece que ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos o hacer peticiones en su nombre, y que infringirlo constituye sedición. El Código Penal no fija una pena específica para esa figura.
La intervención se dio horas después de que la presidenta Laura Fernández, Chaves, Jiménez y la fracción de Pueblo Soberano acudieran a la Corte Suprema de Justicia a presentar una querella por presunto prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
“Usted no puede jugar con la sangre del pueblo costarricense”
Araya centró su discurso en el uso del término “golpe de Estado” por parte del Ejecutivo para describir la resolución de la Sala IV.
“Usted no puede jugar con la vida y con la sangre del pueblo costarricense”, dijo. Sostuvo que la resolución cuestionada lo que hizo fue garantizar el acceso a la justicia que, a su juicio, el propio partido de gobierno bloqueó.
El diputado calificó el episodio de “ridículo berrinche” y afirmó que llena de vergüenza al país a nivel internacional.
Denuncias por cada desacato a la Sala
La primera advertencia concreta fue penal. Araya dijo que el oficialismo anunció que desobedecería órdenes de la Sala Constitucional, y respondió con un anuncio propio.
Cada vez que eso ocurra, sostuvo, el Frente Amplio será el primero en presentar denuncias por desobediencia e incumplimiento de deberes contra la presidenta de la Asamblea y contra las diputaciones que participen.
Cobro contra el patrimonio personal
La segunda advertencia apunta al bolsillo. Araya afirmó que su bancada buscará que las condenas por daños y perjuicios derivadas de estas actuaciones se cobren del patrimonio personal de los funcionarios, y no del erario.
Mencionó expresamente a la presidenta y al ministro de Hacienda. Planteó la posibilidad de embargar dietas, salarios o bienes una vez que dejen sus cargos.
“No se vale andar sacando pecho, incumpliendo la ley, incumpliendo las resoluciones de la Sala Constitucional, y luego aquí no pasó nada” mientras el pueblo costarricense paga los daños, señaló.
“La inmunidad no es eterna”
El tercer eje fue el de los plazos. “La inmunidad no es eterna”, repitió Araya, y advirtió que se les va a acabar.
Recordó que el plazo de prescripción de los delitos que eventualmente se estén cometiendo permanece suspendido mientras los funcionarios estén en el cargo. “No se escuden en inmunidades”, dijo.
La advertencia económica
Araya también planteó un costo material. Dijo que los inversionistas extranjeros están observando la situación y que, a diferencia del Gobierno, “ellos sí se lo toman en serio”.
Advirtió que el turismo y la economía del país pueden verse afectados por tratar el asunto a la ligera. Cerró señalando que desde el Frente Amplio no cederán “ni un milímetro a estas irresponsabilidades”.
El origen del choque
El conflicto arrancó el jueves 30 de julio, cuando la Sala Constitucional resolvió por cuatro votos contra tres un recurso de amparo y prorrogó el nombramiento de los magistrados suplentes, cuyos períodos vencieron el 16 de diciembre de 2025.
La sentencia también anuló los acuerdos con los que la Asamblea había devuelto a la Corte la nómina de candidatos, y ordenó a Jiménez llevar esa lista al Plenario.
La presidenta Fernández calificó el fallo de “golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa” y llamó “golpistas” a los cuatro magistrados que lo votaron: Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García.
La Sala respondió en un comunicado que consideraba esas declaraciones “desproporcionadas y alejadas del respeto que debe prevalecer entre los poderes del Estado”.
Este lunes, al presentar la querella, el Gobierno moderó el término: pasó de hablar de golpe de Estado a “usurpación ilegítima”. Chaves llamó “filibusteros” a los magistrados.
De fondo está el bloqueo de una causa que toca directamente al ministro de Hacienda: sin magistrados suplentes, el Tribunal de la Corte Plena no puede integrarse para conocer el trámite de levantamiento de inmunidad contra Chaves por el presunto financiamiento irregular de la campaña de 2022.
*Con información de varios medios y asistencia IA para infografía y datos.