El Gobierno de Chaves impulsa minería a cielo abierto mediante un proyecto de ley que presentó el pasado 25 de noviembre en la corriente legislativa bajo el expediente 24717.

El proyecto afirma expresamente que se trata de una reforma al código minero de Costa Rica -que prohíbe esa minería- para “autorizar y regular la exploración y explotación de la minería metálica a cielo abierto en el Distrito de Cutris del Cantón de San Carlos de la Provincia de Alajuela”. Es decir, no solamente es en el territorio dañado de Crucitas, sino que sería en toda el área distrital que se extienda en la frontera norte.

El artículo 2 de la propuesta de ley indica de manera explícita: “Autorización de exploración y explotación a cielo abierto. El Ministerio de Ambiente y Energía, por medio de la Dirección de Geología y Minas autorizará permisos y concesiones para actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto únicamente en el Distrito de Cutris del Cantón de San Carlos”.

Y continúa: “Para efectos de la aplicación del presente artículo, el Estado deberá procurar que las empresas permisionarias y concesionarias se comprometen a respetar la legislación costarricense relativa a derechos humanos, condiciones laborales justas, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción”.

Según el Gobierno de Rodrigo Chaves, esta minería puede realizarse de manera ambientalmente sostenible, a pesar de la experiencia y evidencia científica que durante décadas ha demostrado que no es así.

Un comunicado de Casa Presidencial afirma que “se realizarán las modificaciones correspondientes a las ganancias que recibiría el Estado, se elimina el uso de elementos peligrosos como el mercurio y se usan las técnicas adecuadas que recomienda la ingeniería minera para la extracción de oro”.

De acuerdo con el comunicado, “el Estado a través del MINAE realizará procesos concursados bajo el esquema de subastas para asignar uno o varios concesionarios que cumpla con los términos, de forma tal que los aportes beneficien tanto a la empresa adjudicataria como a los costarricenses, de una manera transparente”.

Según el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, “estamos dando prioridad a los recursos de remediación dentro de zonas contaminadas con mercurio, gracias a los recursos del GEF (Fondo para el medioambiente Mundial) que hemos recibido, con los cuales podremos contratar especialistas en minería del oro, quienes desarrollarán la remediación y harán la estimación de reservas“.

Es decir, poner en manos de los mineros los criterios para la remediación de los suelos.

Según Tattenbach, solamente un 7% de las ganancias quedarían en manos del estado costarricense y no se especifica su uso. Afirma el ministro que también será mediante subasta de empresas internacionales de gran experiencia en la minería, pero la ley habla de la posibilidad de incluir cooperativas costarricenses incluso de personas locales, lo que claramente es una contradicción, porque una cooperativa nacional no tiene esa experiencia y conocimiento minero que las extranjeras.

Descargue el proyecto en este enlace -obtenido de la web de la Asamblea legislativa-.