Al final del gobierno de Laura Chinchilla fueron negociados y vendidos los bonos de las pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social que el Grupo Nación adquirió, contrario a lo dicho en redes sociales, donde se asume que fue durante los gobiernos de Luis Guillermo Solís y de Carlos Alvarado cuando se negociaron esos contratos.
El historiador Guillermo Carvajal descubrió que fueron vendidos el 21 de marzo (por un monto de ¢10.000 millones en la emisión A-14) y el 4 de abril de 2014 (por un monto de ¢11.000 millones en la emisión B-14), justo en los últimos dos meses de la administración Chinchilla Miranda.
Algunos consideran riesgosos estos bonos por una supuesta mala situación financiera del Grupo Nación, que la empresa ha salido a desmentir aportando estados financieros y proyecciones en las que, aseguran, podrán hacer frente a los pagos de estos bonos que están por vencerse en 2023 y 2025.
“Fue un evento bastante desapercibido en la prensa costarricense”, expresó Carvajal Alvarado.
¿Responsabilidad de Laura Chinchilla?
El historiador atribuye así la responsabilidad a la administración Chinchilla Miranda, al presidente ejecutivo de la CCSS en ese momento y las gerencias respectivas, por supuesto la gerencia de la Operadora de Pensiones de la CCSS.
“Llama la atención que sea un hecho que se esté realizando a final del mandato, un hecho que hacía esconder la noticia”, expresó Carvajal.
En esa fecha la presidenta ejecutiva de la CCSS era Muni Figueres Boggs, hermana del expresidente José María Figueres e hija del expresidente José Figueres, caudillo de la Segunda República.
¿Cuál es la responsabilidad de un presidente y cuál la que tienen los jerarcas y los mandos medios en estos casos de posible tráfico de influencias?
Este tema salió a relucir de nuevo por el enfrentamiento que tiene el presidente Rodrigo Chaves con esta empresa, a quienes calificó de comportamientos monárquicos.
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