Editorial La RegiónCR* | El lunes 26 de noviembre, más de quinientos oficiales de la Policía de Fronteras, equipados con fusiles de asalto y acompañados de maquinaria pesada, ingresaron a la comunidad de Chorreras, en la frontera con Nicaragua. Su misión fue clara: demoler viviendas e infraestructura de más de sesenta familias que han habitado esa zona por generaciones.

Muchos de ellos nacieron, se criaron y estudiaron en Chorreras, un lugar donde fue el propio Estado quien construyó una escuela, instaló torres de comunicación, abrió caminos y llevó electricidad gracias al aporte de FODESAF mediante Coopelesca.

El Gobierno acusa a estas familias de la deforestación de algunas hectáreas y de ocupar la Milla Fronteriza. Sin embargo, en 2022, durante su primera visita a San Carlos como presidente, Rodrigo Chaves aseguró públicamente que este asunto se resolvería “en menos de un año” para convertir en ocupantes legales a cientos de familias que viven a lo largo de la frontera.

Aquella promesa quedó en manos del presidente ejecutivo del INDER. Sin embargo, jamás se concretó.

Mas información sobre el tema: Has buscado Chorreras – Culturacr.net

En una nueva fase de asignación de culpas, el Gobierno responsabiliza ahora a las familias de Chorreras del desastre ambiental y social que enfrenta Crucitas. Fuentes cercanas señalan que un diputado oficialista habría promovido en Casa Presidencial la idea de que el desalojo masivo era la “solución” al problema.

Mientras tanto, el Estado continúa sin ejercer control sobre lo que ocurre en la frontera. La consecuencia inmediata ha sido lanzar a la calle, en plena época navideña, a hombres, mujeres, niños y adultos mayores, sin ofrecerles alternativas ni respuestas.

La intervención ejecutada fue producto de una orden judicial, pero para que esa orden existiera, debía haber una demanda. Y fue el SINAC quien la presentó.

Esto abre un cuestionamiento central: ¿por qué solo las familias de Chorreras fueron desalojadas, si la misma situación ocurre a lo largo de toda la frontera con Nicaragua?

Crucitas sigue sin solución mientras el oro se va

El Gobierno intenta mostrar acciones en la zona mientras el oro continúa siendo extraído ilegalmente.

Al mismo tiempo, se presiona para aprobar un proyecto de ley que entregaría la explotación minera a compañías internacionales, a cambio del 2% establecido en el Código Minero.

Despoblar Chorreras: un riesgo para la soberanía

Vaciar Chorreras de familias costarricenses deja la zona vulnerable.
Del lado nicaragüense, la frontera se encuentra ocupada; del costarricense, el Estado ni controla Crucitas ni tiene capacidad real para patrullar la franja fronteriza.
Esto facilita que personas nicaragüenses irregulares se adentren en territorio nacional mientras el Gobierno debilita la presencia costarricense.

Las comunidades fronterizas: el muro humano que protege al país

Los asentamientos humanos en Los Chiles, San Carlos, Sarapiquí y la Zona Atlántica han sido, históricamente, la primera línea de defensa territorial.
Debilitar esas comunidades es debilitar la presencia del Estado.

La reforma que nunca llegó

El camino para dar seguridad jurídica a las familias de la Milla Fronteriza es una reforma constitucional, proceso que ya había empezado a explorarse.
Pero este Gobierno optó por soluciones populistas que no tenían sustento legal, dejando pasar casi cuatro años sin resultados y tomando decisiones que hoy pagan las familias de Chorreras.

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