Por Habib Succar G. La guerra judicial emprendida por la mayoría de los ministros(as) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) comandados por su presidenta, Norma Piña, fracasó.

La presidenta de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) violentó todas las leyes pero no pudo.

Ayer se cerró ese capítulo ominoso de la historia de la judicatura mexicana, que duró varios meses durante los cuales, jueces, magistrados y ministros violentaron groseramente la Constitución y las leyes mexicanas, para defender sus privilegios, muchos de los cuales, los han venido disfrutando en clara violación de la legislación mexicana, que ellos juraron observar y defender.

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Un brevísimo repaso

El 5 de febrero de 2024 el presidente AMLO presentó a la corriente legislativa 18 propuestas de ley, la mayoría de las cuales requerían para su aprobación las 2/3 partes de los votos afirmativos del Congreso y del Senado así como la aprobación de los congresos estatales de al menos 17 estados de la República (mayoría simple 16+1; la Ciudad de México se considera un estado más); esas mayorías en las votaciones, eran necesarias legalmente porque las 8 propuestas de ley de AMLO significaban cambios a la Constitución mexicana. 

¿Quién es el Constituyente? El constituyente se denomina al organismo o persona que tiene facultad para modificar la Constitución. El mecanismo establecido en la Constitución mexicana para modificar la Constitución es precisamente ese: 2/3 partes del Congreso y el Senado (votación calificada) y al menos la aprobación de 17 congresos estatales (la mitad más uno 16+1); luego de recibir los informes sobre las aprobaciones estatales, el Senado declara oficialmente aprobada una modificación constitucional y la pasa el Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Una vez publicada la reforma constitucional en el DOF, pasa a ser ley vigente, es decir, pasa a formar parte integral de la Constitución.

Entonces, el Constituyente está conformado por mayorías calificadas del Congreso y el Senado y una mayoría simple de los Estados de la República y, cuando sus modificaciones a la Constitución son publicadas en el D.O.F. pasan a regir legalmente.

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La SCJN es el organismo judicial que interpreta y vela por el respeto a la Constitución. Dirime las controversias y las acciones de inconstitucionalidad que las personas o los Estados pueden interponer y las resuelve de forma inapelable.

La reforma al Poder Judicial

Aunque presentada el 5 de febrero de 2024 según dijimos, la propuesta de reforma al Poder Judicial que hizo el presidente AMLO no podía ser tramitada y votada porque el gobierno anterior no contaba con las mayorías calificadas necesarias en el Congreso.

Por ello, durante toda la campaña electoral, la entonces candidata Claudia Sheinbaum, hizo cotidianamente el llamado al cumplimiento del Plan C que esbozó el presidente AMLO: votar por diputados y senadores de MORENA y aliados para obtener esas mayorías calificadas. Y el pueblo de México respondió el 2 de junio y le dio una abrumadora mayoría calificada a MORENA y aliados en el Congreso de Diputados y Senadores. También en los congresos estatales donde MORENA y aliados dominan 24 de los 32 Estados, mucho más de los 17 requeridos para una reforma constitucional.

Con esos resultados a la vista, en agosto se procedió a tramitar las reformas constitucionales, con prioridad a la reforma judicial, la cual se trasladó a la siguiente legislatura que iniciaba en setiembre, para su aprobación (votación). Y así se hizo. 

La propuesta de reforma judicial fue discutida durante los 7 meses de febrero hasta agosto y aprobada por el Congreso de Diputados y la Cámara de Senadores en los primeros días de setiembre, así como en 24 Estados de la República y publicada en el D.O.F. el 15 de setiembre con la rúbrica del presidente AMLO.

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¿Impugnar la reforma constitucional al Poder Judicial?

Pues sí, la estrategia desesperada de la oposición a la 4T (Cuarta Transformación: MORENA + aliados) fue de inmediato, el 16 de setiembre: los partidos políticos PRI, PAN y MC presentaron ante la SCJN una controversia constitucional solicitando que la SCJN declarara inconstitucional la Constitución. ¿Cómo así? La reforma al PJ publicada el 15 de setiembre en el DOF, es parte sustancial de la Constitución mexicana. Interponer una controversia constitucional tiene varios problemas legales, por cierto: 1. Los partidos políticos no tienen personería jurídica para realizar ese tipo de acciones ante la SCJN, sino solamente en cuestiones electorales ante el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), y 2. La Constitución es inatacable, sería absurdo que la SCJN declarara que la Constitución es inconstitucional. 

Por otra parte, el gobernador saliente de Guanajuato, Diego Sinuhé (PAN, opositor), interpuso también una acción de inconstitucionalidad contra la Constitución el día antes de dejar su cargo (24 de setiembre). Esa acción también es inválida e improcedente legalmente.

Por su lado, más de 150 jueces y magistrados de diferentes estrados judiciales de la República, presentaron recursos de amparo y solicitaron cada uno, que la SCJN declarara una suspensión de la ejecución de la “reforma judicial” (sic) es decir, atacaron la Constitución con un recurso de amparo, expresamente prohibido en el Art.61 que prohíbe expresamente lo siguiente:

“El juicio de amparo es improcedente:

• I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
• II. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
• III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal; … etc. etc.”

Y todas estas acciones, controversias y recursos de amparo fueron recibidas por la SCJN para su análisis, mediante votación de 8 a 3 en la SCJN, dejando en claro que el pleno de la SCJN tenía toda la intención de declarar inconstitucional la Constitución, argumentando cualquiera de estos recursos legales presentados, todos los cuales, debían ser rechazados ad portas por improcedentes e ilegales. Pero no, el último reducto de la oposición a la 4T, la SCJN, estaba dispuesta a cometer cualquier tipo de atropello a la Constitución, según ellos para defender la Constitución.

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Final feliz

No vamos a detallar todo el proceso que demoró más de un mes y medio, durante el cual la SCJN blandió la espada de Damocles sobre la estabilidad jurídica de la República. Lo cierto es que el 5 de noviembre pasado, el pleno de la SCJN desechó por votación de 7 a 4, el proyecto de resolución presentado por el ministro Juan Luis González, gracias a que el ministro Alberto Pérez Dayán consideró inconsecuente entrar a conocer un proyecto de resolución que pretendía modificar la Constitución, para lo cual la SCJN no tiene ninguna facultad. Toda la oposición a la 4T empezó a gritar a coro: “traidor” al ministro Pérez Dayán.

¿Por qué esta votación 7 a 4 finalizó el polémico intento de resolución? Porque según la ley son necesarios 8 votos de la SCJN (mayoría calificada) para declarar inconstitucional cualquier ley o procedimiento legislativo que hubiera aprobado una nueva legislación. Fue precisamente con esos 8 votos que la SCJN tumbó una y otra vez una serie de leyes aprobadas durante la gestión de AMLO, en claro beneficio para el pueblo mexicano, donde quedaba clarísimo que la SCJN respondía a los intereses de los oligarcas, empresarios, partidos de oposición y demás poderes fácticos.

Hoy, la realidad ha cambiado radicalmente y MORENA y aliados tienen mayorías calificadas en el Congreso de Diputados, en la Cámara de Senadores y en los congresos estatales donde MORENA y aliados dominan 24 de 32 congresos estatales. 

El pueblo de México le dio a la 4T todo el poder legal para realizar los cambios necesarios para revertir 36 años de reformas y leyes neoliberales que solamente enriquecieron a una élite empresarial y de políticos del PRI y del PAN, y empobrecieron a decenas de millones de mexicanos, forzándolos migrar a los EUA, a sumarse al crimen organizado o corromper todo el aparato estatal para poder subsistir.

Hoy la situación ha variado radicalmente. La migración mexicana a EUA ha disminuido exponencialmente y la mayoría de migrantes son de origen centro y suramericano y de otros países caribeños, hay trabajo digno y más de 24 millones de trabajadores reportados como formales en la planilla del IMSS (un récord para el Seguro Social) y el salario mínimo subió de $9,000 a $17,000 pesos en el gobierno de AMLO y hay más de 30 programas sociales para el bienestar de la familia mexicana; la inversión extranjera directa (IED) ha marcado un récord año con año y en este noviembre China ha ratificado que el cambio de presidencia en EUA no afectará las mega inversiones que hará en México, especialmente de vehículos eléctricos y otros rubros (Elon Musk canceló su proyecto de mega planta en Nuevo León al norte), y México se ha posicionado como el primer socio comercial con EUA sustituyendo a China, estableciendo récord de exportaciones a EUA por encima de China y Canadá. 

El futuro para México es promisorio, a pesar de las bravuconadas y amenazas de Trump de imponer 25% de aranceles a las importaciones mexicanas “sino México no detiene la migración ilegal y el flujo de drogas hacia EUA”… Una medida que, si la aplica, encarecerá el costo de vida de los estadounidenses, pues México representa casi el 20% de las importaciones de EUA, algo que contradice los planes de Trump; por otro lado, imponer aranceles a México, su principal socio comercial, lanzará mucho de las exportaciones mexicanas a China y EUA no podrá reclamar nada, tal como sucedió con las sanciones a Rusia que le impusieron los países de la OTAN (EUA + Canadá + Europa + AUKUS) que lo que hizo fue lanzar a Rusia a los brazos de China e India.

Las condiciones macro económicas y de producción de México no son las de los años y los gobiernos anteriores a 2018: México ha cambiado mucho, ha crecido mucho y su moneda y su economía tienen una fortaleza que antes no gozaba, pero tiene además lo principal: una presidenta con un enorme prestigio y apoyo de su pueblo, con una posición clara, firme y visionaria de lo que conviene a México, y que estará dispuesta a tratar de tú a tú con Trump para defender los intereses de México en el T-MEC y en cualquier terreno donde se presenten los desafíos a la presidenta Sheinbaum.