La inversión social sigue en picada en Costa Rica desde el año 2019 y los rubros de educación y cultura reportan los mayores recortes en los últimos años.
Según el informe del Estado de la Nación, la inversión social pública (ISP) cayó seis puntos porcentuales entre el 2019 y el 2022.
La urgencia de sanar las finanzas públicas por el déficit fiscal que trajo consigo la inevitable reforma fiscal, y que mejoró la economía y le dio estabilidad fiscal al país, así como la pandemia 2020 que trajo consigo una recesión económica y desempleo, son usualmente las justificaciones que han venido afectando la inversión social.
Durante la pandemia, en el Gobierno de Carlos Alvarado, sin embargo, el rebajo no fue tan significativo a pesar de las circunstancias, pero el aumento de impuestos para la población trajo consigo más estrés social entre los sectores productivos que tuvieron que enfrentar cargas mayores para subistir.
Según el PEN, los datos indican que la ISP sufrió una contracción en 2020, tuvo una recuperación parcial en 2021 y experimentó otra disminución en 2022.
El año pasado, la ISP real por habitante fue de ₡293.000 (en colones del año 2000), un monto menor al registrado en 2019, cuando se invirtió ₡297.000.
“En términos reales, actualmente, la Inversión Social Pública solo es un 20% superior a la de hace 42 años. En 1980, el país invertía ₡244.000 colones por persona”, afirma la investigadora Natalia Morales Aguilar.
Y es que los datos no dejan ninguna duda: la contención del gasto público en los últimos años ha erosionado el financiamiento de los tres componentes vitales de la política social: la educación, la protección social y la salud. Entre 2021 y 2022, la ISP cayó un 4,6% por persona en educación, un 3,6% en protección social (pensiones y programas selectivos) y un 2% en salud.
No obstante, en salud la inversión aumentó para la etapa pandémica, pero se cayeron posteriormente en la administración Chaves Robles.
El gráfico nos permite ver que en los últimos años dos sectores han sido sacrificados: educación y cultura. El segundo no es tan significativo en términos del presupuesto nacional, como sí lo es el primero, pero los rebajos en cultura son desastrosos para un sector de gran sacrificio en la pandemia.
El gráfico realizado por el PEN nos refleja como desde el año 2017 y hasta el año 2021 -durante la administración de Sylvie Durán Salvatierra- los recortes a Cultura fueron notables y, al menos del 2020 al 2022 el presupuesto se ha mantenido en una media que sigue siendo baja para el nivel que se mantuvo de 2010 al 2017.
Similar sucede con educación, donde los recortes empezaron en el año 2018, después de haber crecido sostenidamente desde el año 2012. Hoy ese presupuesto se mantiene cerca del mínimo de la década anterior del año 2011.
“Esta tendencia amenaza con afectar directamente las oportunidades y servicios a los que accede la población, impactando con más fuerza a los grupos más vulnerables y pobres, que utilizan con más frecuencia los servicios públicos”, advierte Morales Aguilar.
Rubros como inversión en vivienda y territorio se han mantenido en crecimiento constante, pero en términos generales desde el 2020 la ISP decrece notoriamente.
En general, se puede percibir que con la reforma fiscal y la pandemia el país entró en una etapa de prioridad fiscal que sigue afectando la inversión social, como se preveía desde principios de la década anterior.
Niñez y adolescencia son más afectados
El estudio del PEN hizo una revisión detallada de 92 beneficios registrados en el Sinirube “que comprueba la amplia y diversa lista de bienes y servicios sociales que otorga el Estado y dirigidos principalmente a las poblaciones más pobres, vulnerables y excluidas”.
El informe advierte que la niñez y la adolescencia sufren la mayor tasa de incidencia de pobreza por ingresos en el país (37,6% en 2022), pero la inversión pública para estas poblaciones ha disminuido en años recientes.
Según los datos, el año pasado 456 mil menores de 18 años vivían en hogares pobres. “La alta tasa de pobreza entre esta población se debe a una combinación de factores, que incluyen empleos e ingresos insuficientes y el tamaño del hogar (generalmente viven más niños y niñas), entre otros”.
La pobreza afecta “el desarrollo cognitivo, físico y socioemocional de una persona en el resto de su vida, lo cual se traduce en un menor desarrollo humano para el país”.
“En un panorama de crecientes brechas sociales y altos niveles de violencia, el Informe reitera que existen tres razones fundamentales para que el Estado fortalezca la inversión en estos grupos vulnerables: uno, en la actualidad no todos los servicios tienen cobertura universal; dos, los servicios de calidad no necesariamente son asequibles, y; tres, ahora existen necesidades que décadas atrás no existían”, agrega el PEN.