• La izquierda de AMLO en México es un artículo de opinión y lo manifestado es responsabilidad exclusiva de su autor, no de este medio de comunicación. Colección A ritmo de mariachi n° 40.

Por Habib Succar G. ¿Puede salirse México del T-MEC? Definitivamente no, ni aunque se hiciera un referéndum y la mayoría del pueblo aprobara el “Mexit” (por aquello del Brexit)… Salir del T-MEC significaría una dura caída para las empresas y en general, un durísimo golpe para una economía que está 100% integrada al mercado norteamericano, al extremo de que, durante el gobierno de AMLO (Andrés Manuel López Obrador), México se ha convertido en el principal mercado de importación de los EUA, es decir, actualmente es el mayor proveedor de bienes y servicios por encima de China.

Un modelo económico capitalista

Sin duda México es un país plenamente capitalista y su economía está ligada y se desarrolla al calor del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). El marco de legalidad de la economía mexicana está definido por la propiedad privada. Todo el sistema jurídico refuerza y protege los valores del modo capitalista de producción y distribución de la riqueza, que sobre todo, desde que el presidente Carlos Salinas lo ató al TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte: México, Canadá y EUA), dio un giro violento hacia el neoliberalismo y vino a modificar la herencia histórica de la Constitución de 1917 y los principios sociales de la Revolución mexicana que orientó mayormente la política pública hasta 1982, aproximadamente, cuando Miguel de la Madrid empezó a introducir paulatinamente las ideas neoliberales en la economía mexicana que primero Salinas y luego Ernesto Zedillo, terminaron de introducir incluso contra viento y marea.

Sin duda México vive dentro de “la jaula geopolítica de EUA” y, “ahí adentro de esa jaula”, el T-MEC significa un marco de acción política y económica muy definido dentro de los márgenes capitalistas.

En estas condiciones, cualquier “modelo socialista” se encontrará lisiado por el marco jurídico y político que no podrá desarrollarse para sustituir al “viejo régimen capitalista”. Un político con ideas de izquierda como el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tendrá sin duda que desarrollar mucha creatividad y capacidad de negociación y adaptación para tratar de instrumentar sus políticas públicas de carácter jurídico, político, económico y social, bajo una nueva ideología socialista o, si se quiere, socialdemócrata.

La izquierda dentro del T-MEC

La lucha política de AMLO data de la temprana década de los 70.

Inició su carrera política en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó México durante 70 años (“La Dictadura Perfecta” -Mario Vargas Llosa dixit), sin embargo, su figura social y política transcendió de forma más notoria luego de la crisis generada por las polémicas y fraudulentas elecciones presidenciales de 1988, mediante las cuales se impuso a Carlos Salinas de Gortari (en negociación con el Partido Acción Nacional -PAN- que hasta esa fecha fue oposición al PRI). 

De inmediato al fraude de 1988 se fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que conjuntó las diversas fuerzas de la izquierda mexicana, bajo el liderazgo del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas. La notoriedad de AMLO en la vida pública se vio acrecentada con el paso de los años con las fraudulentas elecciones de Tabasco de 1994 donde Roberto Madrazo arrebató la gubernatura a AMLO; luego, su liderazgo como presidente nacional del PRD de 1996 a 1999 y después vino su elección, desempeño, y las políticas sociales implementadas y sus desencuentros con otras figuras públicas mientras ejerció como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (entonces Distrito Federal, entre 2000 y 2005). Hay un episodio memorable en 2005 cuando el presidente Vicente Fox fragua con la Suprema Corte, el Congreso y el Senado y la oligarquía, para llevar un proceso fallido de desafuero contra AMLO y descalificarlo así como candidato presidencial para 2006, lo cual no pudo lograr.

Por último, AMLO protagonizó una ardua lucha ciudadana como candidato a la presidencia de México en 2006 por la Coalición Por el Bien de Todos, en el marco de unas elecciones que fueron nuevamente objeto de fraude electoral, otra vez en contra de AMLO, para imponer a Felipe Calderón (2006-2012, PAN). Ya en esta coalición estaba claramente esbozado el ideario político y la propuesta programática de AMLO como líder de la izquierda mexicana, que consiste básicamente en una alianza que propone, en palabras de AMLO: “un proyecto alternativo de nación que busca cambiar la política neoliberal que se ha desarrollado en México desde mediados de los años 1980”; entonces, su lema de campaña empezó a ser, hasta el día de hoy “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Entonces, dentro de la jaula geopolítica mencionada y las condiciones reales de la sociedad mexicana del siglo XXI, ¿qué puede hacer un político con sus ideas de izquierda? ¿Y en qué consisten, básicamente, esas “ideas de izquierda”? Veamos.

“Por el bien de México, primero los pobres”

Tanto el TLCAN como el T-MEC por sí solos, significaron el sometimiento de la economía mexicana a los intereses de la economía gringa y canadiense. Un solo ejemplo dramático: México, después de ser un país con una gigantesca producción de maíz para consumo local e incluso para exportación, pasó a abandonar el campo y los cientos de miles de campesinos ligados al maíz (que mayoritariamente se convirtieron en inmigrantes ilegales en EUA), para convertirse en un importador neto del maíz producido bajo fuertísimos subsidios estatales en los EUA y ahora con maíz genéticamente modificado, razón por la cual el gobierno federal prohibió su importación, para furia de los productores norteamericanos.

En general, bajo los términos del TLCAN primero y el T-MEC actualmente, resulta una tarea titánica el poner a la economía mexicana frente a la norteamericana, pues el marco jurídico favorece a gringos y canadienses. Peor aún, si los presidentes de México se comportan como vasallos del imperialismo norteamericano, el resultado será sin duda una enorme pobreza para millones de mexicanos, una obscena concentración de la riqueza para una minúscula élite de empresarios surgidos a la sombra del estado mexicano, a raíz de condiciones aventajadas que les brindaron los políticos a costas del erario y una política permanente de entrega de las riquezas naturales al capital extranjero.

Otro ejemplo: se calcula que en los últimos 20 años, las empresas mineras canadienses han extraído más oro y plata de México que lo que hizo España durante más de 300 años. Desde luego, conformes con el dogma neoliberal y el entreguismo de los políticos mexicanos, estas empresas canadienses recibieron un trato preferencial, leonino, y en contraparte, nunca se les gravó con los impuestos que hubieran compensado la enorme exacción de riqueza minera de México. Se calcula que, durante los gobiernos neoliberales, los políticos entreguistas otorgaron concesiones mineras sobre 200 millones de hectáreas del suelo mexicano y todo ello sin exigir compensaciones a las inversiones canadienses y extranjeras en general.

Así podríamos poner muchísimos ejemplos del saqueo sistemático del erario y las riquezas de la nación mexicana, operados durante los gobiernos entreguistas neoliberales (1982-2018), todo lo cual significó un empobrecimiento generalizado y sistemático del pueblo mexicano, en beneficio de unos cuantos oligarcas y empresas extranjeras. Recordemos que México ha sido siempre país petrolero y que, por sus dimensiones y población, la producción de energía eléctrica es un negocio gigantesco. Todos estos sectores productivos, más 200 empresas públicas, fueron privatizados a precios de regalo a favor de los oligarcas y extranjeros. La lista es enorme y los montos involucrados alcanza cientos de miles de millones de dólares. Porque a todo esto hay que sumarle el saqueo, el robo sistemático de toda la clase política del erario federal, estatal y municipal, para amasar enormes fortunas que los políticos han venido disfrutando desde hace más de 30 años.

Conocedor de todo este entramado social, político, económico y jurídico, AMLO propuso siempre la necesaria separación entre el poder político ejercido desde los gobiernos (federal, estatal y municipal) y el poder económico. Que desde 2018 en adelante ya la oligarquía mexicana no sería la que usufructuaría el poder político como medio para saquear el erario, sino que el estado como un todo, estaría al servicio de las grandes mayorías, especialmente los pobres. En términos generales, se decía que en 2018, de 120 millones de mexicanos, al menos 60 millones vivían o sobrevivían en condiciones de pobreza, sin acceso a servicios de salud de calidad, educación y trabajo digno, con un 55% de población económicamente activa en la informalidad.

Y así ha venido gobernando, en una clara separación entre el poder económico del poder político. Además, con políticas públicas que rescaten sectores estratégicos de la nación como la explotación y refinación petrolera, la producción de energía eléctrica, los servicios de aviación comercial, de trenes de carga y de pasajeros y un megaproyecto turístico con el desarrollo del Tren Maya en la Península de Yucatán. Todo con la inversión del erario y sin contraer deuda pública para todos esos ambiciosos proyectos.

Prohibido condonar impuestos

Una práctica usual de los gobiernos neoliberales, con mucho énfasis en los gobiernos 2000-2018 (V. Fox, F. Calderón, E. Peña Nieto) fue la condonación de impuestos a las empresas más grandes de México, así fueran transnacionales. AMLO propuso y logró en tiempo récord derogar esa legislación y eliminar definitivamente la posibilidad de condonar impuestos. Esta fue otra manera que la oligarquía usó para enriquecerse y también muchos políticos para recibir coimas o pagos indebidos por parte de los empresarios. AMLO acabó con esta gigantesca fuente de corrupción y asalto al erario.

Los ingresos tributarios del erario, desde 2019, vienen aumentando sensiblemente y se calcula que anualmente suman alrededor de $500 mil millones de pesos más (aproxim. US$25 mil millones de dólares anuales). Esta fortuna se dedica desde 2019 a transferencias directas a los pobres de México, sea mediante pensiones a los adultos mayores, becas para jóvenes de familias pobres en todos los niveles de enseñanza, pensiones para discapacitados, subsidios para madres solteras, y una decena más de programas sociales (los llamados “apoyos”) para los pobres, de modo que se calcula que hay al menos 30 millones de familias mexicanas que hoy reciben algún beneficio mediante programas sociales de la presidencia.

Adicionalmente a la eliminación de la condonación de impuestos, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha desarrollado durante todo el sexenio una vigorosa política de cobro de impuestos que ha dado magníficos resultados y ha aumentado sensiblemente la recaudación. Y todo ello cumpliendo con la promesa de AMLO de no aumentar los impuestos ni crear otros nuevos.

La columna vertebral de “una política de izquierda” del gobierno de AMLO se sustenta en la búsqueda incesante de la justicia social. Después de décadas de experimentar una pobreza insultante para un país tan rico, con más de la mitad de la población en condiciones de pauperización y una ínfima élite en condiciones de una ofensiva opulencia, poner “los pobres primero” ha sido como el disco rayado de la Administración federal.

Aunado a los vigorosos programas sociales, algunos ya elevados a rango constitucional para evitar clientelismos, los programas de construcción de obra pública han sido la otra vía para reactivar la economía, la creación y la formalización de empleos y el estímulo al desarrollo en zonas tradicionalmente abandonadas por los gobiernos neoliberales (Sur-Sureste), de modo que los programas estrella como la construcción del AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Ciudad de México), la construcción de la Refinería Olmeca (en Dos Bocas, Tabasco), la construcción del Tren Maya (Yucatán), la creación del corredor del Istmo de Tehuantepec (sur) con la reactivación del tren del carga y pasajeros del Istmo (Pacífico-Caribe), han inyectado un vigoroso crecimiento económico y han detonado el desarrollo en un sur-sureste que era la región más pobre de México y que hoy crece a un impresionante ritmo entre el 8-10% del PIB de los estados sureños.

Aparte de esos megaproyectos, en todo el país se han venido realizando muchísimas obras públicas para el desarrollo y el bienestar de las poblaciones, sean la construcción de decenas de hospitales, acueductos, universidades, construcción de nuevas plantas y reparación y remozamiento de plantas hidroeléctricas prácticamente abandonadas así como 6 refinerías, construcción de carreteras y puentes, caminos vecinales (programa de auto construcción de caminos de las comunidades indígenas), la construcción de la planta eléctrica solar más grande de Latinoamérica (Sonora) y una gigantesca planta de licuefacción (alianza de la CFE y Mexico Pacific Limited) en Sonora para exportar gas licuado hacia EUA, Europa y Oriente (Japón, China, India, etc.). Aparte, cada año se destinan miles de millones de pesos al remozamiento y construcción de nuevos espacios urbanos en cientos de alcaldías en todo el país.

Profundo clasismo y racismo

Tradicionalmente la política mexicana estuvo impregnada de un profundo sentido de clase, favoreciendo siempre a la gente adinerada y perjudicando a los pobres. La impartición de justicia en México es una deuda que arrastra el actual gobierno, porque la clase política tradicional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han opuesto sistemáticamente a la reforma del sistema judicial. Otro tanto igual sucede con las fiscalías estatales, manejadas por fiscales y funcionarios profundamente corruptos e insensibles a las necesidades de los más pobres. Para un diagnóstico de la situación judicial, nada como escuchar al expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hoy jubilado y activo colaborador de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum en la elaboración de una propuesta de reforma integral al sistema judicial mexicano.

Si el desprecio a los pobres ya de por sí es una lacra del sistema judicial mexicano, el asunto se agrava cuando se trata de indígenas y mujeres. Arturo Zaldívar habla con detalle de esta monstruosidad que sucede a diario en los tribunales mexicanos y señala con conocimiento de causa, que todavía existen miles de personas encarceladas en México que fueron injustamente condenadas por falta de una adecuada defensa judicial debido a su pobreza, a su etnia -por no conocer el idioma y no poder defenderse- o por su condición de género, donde las mujeres son especialmente victimizadas, explotadas y oprimidas en todo el sistema judicial y carcelario.

Arturo Zaldívar señala que, durante el periodo de su presidencia de la Suprema Corte (3 años), escuchando a las mujeres y en general a cientos de personas encarceladas, se logró liberar a más de 44.000 personas que fueron injustamente condenadas y lo que es peor, que guardaban prisión durante años sin una condena previa. No obstante, su labor no pudo finalizar ni modificar el sistema que provoca tantas injusticias y se está a la espera ahora de que, mediante una profunda reforma legal al Poder Judicial, estos problemas se vayan superando, tanto en los tribunales como en las mismas fiscalías de los estados. “Justicia para los pobres”, diríamos.

La corrupción en la Administración

La principal promesa de AMLO en su lucha por la presidencia de México fue “acabar con la corrupción”. Y en esto fue consistente desde sus campañas de 2006, 2012 y 2018. Desde luego que una lucha frontal contra la corrupción en la Administración federal, durante todo su periodo de gobierno, necesariamente ha dado buenos resultados y ha logrado cambiar muchas cosas en la forma en que se desenvolvía la Administración en años anteriores, sin embargo, lejos está de que los valores éticos y el recto proceder en cada oficina de gobierno, sean la norma y principio rector de todo el servicio público. Son muchas décadas de práctica de un sistema corrupto heredadas en 2018 y la tarea requiere muchos años más, pero por algún lugar había que empezar, y AMLO lo inició “barriendo las escaleras de arriba hacia abajo”.

La garantía del cumplimiento de una administración federal honesta y transparente descansa sobre el prestigio personal de AMLO: su vida privada, su frugalidad, su desprecio por el dinero y el lucro desmedido. Su vida personal es un ejemplo de todo lo que predica diariamente AMLO desde sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional o en cualquier pueblito del territorio nacional. Pero luchar contra la corrupción lo ha enfrentado, lógicamente, con enormes grupos de poder e intereses fuertemente enquistados en el aparato federal de gobierno. La prensa comercial tradicional ha jugado y juega un tenebroso papel de crítica a mansalva al gobierno, de forma muy evidente, por intereses de sus propietarios.

¿Es imposible acabar con la corrupción? Sí, es imposible. El ser humano, en cualquier parte del mundo, puede ser tentado para cometer actos de corrupción en el ejercicio del poder político-económico y puede ser que en la mayoría de los casos rechace las tentaciones pero, con solo una minoría que se corrompa y caiga en las tentaciones dará rienda suelta a su codicia. Esto confirma que la batalla contra la corrupción es permanente, diaria y de nunca acabar. Pero el ejemplo del líder es fundamental. Si los subalternos miran para arriba y ven o conocen de actos de corrupción realizados por sus jefes o líderes, sentirán que “tienen licencia” para seguir ese mal ejemplo. Por el contrario, el ejemplo del líder o el jefe honesto, íntegro, cala fuerte en sus subalternos y su liderazgo.

Si bien no es posible eliminar la corrupción al 100%, sí se puede disminuir al mínimo y además, cuando se descubren actos de corrupción se deben denunciar y perseguir y no, como acostumbran los corruptos: taparlos, ocultarlos, disimularlos y hasta justificarlos. La actitud y las acciones que se tomen frente a la corrupción señalan claramente si un liderazgo rechaza o acepta la corrupción y esto es decisivo.

Otro factor distintivo del antiguo régimen neoliberal corrupto, eran los contratos lesivos e ilícitos con la Administración, donde el tráfico de influencias jugaba un papel primordial. Si las fiscalías eran (y muchas todavía son) permisivas y cómplices de las mil y un maniobras fraudulentas contra la Administración, todavía peor, eso garantizó y todavía garantiza en muchos estados la impunidad. Porque un factor disuasivo para los corruptos es la posibilidad de verse involucrado en acusaciones y sentencias legales por actos de corrupción pero, si más bien las autoridades garantizan la impunidad y “no va a pasar nada”, ello termina de completar un cuadro realmente pernicioso para la custodia y buena administración del erario.

La UIF a todo dar

Inaugurando su gobierno, AMLO nombró de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, al Dr. Santiago Nieto Castillo, quien resultó ser como “el ángel justiciero” que persiguió la corrupción a diestra y siniestra con una increíble tenacidad y eficiencia. Pero al cabo de más de dos años de intensas labores, la realidad que se encontró fue que la UIF realizaba sus tareas de manera eficiente y entregaba los resultados de sus hallazgos a la Fiscalía General de la República (FGR), pero esta está todavía dominada en todos sus mandos medios por el antiguo régimen. Así, la FGR se ha mostrado ineficiente, complaciente, incompetente y se ha comportado más como una pieza más del engranaje de la corrupción del antiguo régimen y el Fiscal General ha sido más un blanco de críticas que de elogios por su (deficiente) labor.

Así pues, el gobierno federal ha venido librando una intensa lucha contra la corrupción en la Administración federal (detonó una intensa guerra contra el “huachicol” -robo y venta de combustibles de PEMEX-, eliminó el cartel de las medicinas que vendía con mala calidad y a sobre precio los medicamentos en todas las entidades estatales, prácticamente eliminó el tráfico de influencias en la contratación de obra pública, persiguió intensamente a las llamadas “empresas factureras” que son fachadas jurídicas para estafar al erario y decenas de acciones más para sanear la administración y defender el erario). Otro tanto se espera de los(as) gobernadores(as) en los 32 estados de la República, que desde luego gozan de autonomía suficiente para su propia administración, pero limpiar la corrupción es imposible cuando los gobiernos estatales continúan bajo el dominio de los partidos del antiguo régimen (partidos del PRIAN, PRI + PAN).

La lucha sin fin

La lucha por la justicia social no acaba en un sexenio y la lucha contra la corrupción tampoco. Hoy, millones de mexicanos tienen una mejor condición de vida y ya no están bajo el umbral de la pobreza. Hoy existe esperanza en México de que cada vez se avanzará más y más en la transformación de las viejas estructuras políticas y jurídicas que generaron tanta desigualdad y tanta pobreza como en los últimos 40 años. La propiedad privada y los empresarios tienen asegurada su existencia y sus ganancias, pero cada vez el aparato del estado juega un papel más activo en una justa distribución de la riqueza, sea por medio de vigorosos programas sociales, por medio de mejores condiciones laborales y una mejora constante en la recaudación tributaria que financie los programas sociales y proyectos de obra pública de beneficio nacional y el mejoramiento constante de la calidad de los servicios públicos; con acceso efectivo a la salud, la educación, la vivienda, y una vida digna para millones y millones de mexicanos. Y todo ello bajo un sistema democrático, con elecciones libres y transparentes, donde la oligarquía ya no puede imponer sus condiciones y manejar el aparato del estado a su antojo y beneficio, porque hay un gobierno que representa las grandes mayorías y trabaja para su bienestar.

Sin duda que AMLO está realizando proezas en medio de la jaula geopolítica que le impone su vecino (EUA), bajo un régimen democrático de libertades plenas, respeto al derecho ajeno y con un norte muy claro: “Por el bien de México, primero los pobres”. Mientras tanto, sin duda alguna las políticas de izquierda seguirán avanzando lentamente conforme la conciencia y la cultura política del pueblo mexicano así lo permitan.