Según la candidata presidencial Laura Fernández “si la cosa se pone muy fea” estará dispuesta a solicitar suspensión de garantías individuales, que son los derechos básicos que disfrutan los costarricenses en democracia.
“Estoy dispuesta, como futura presidenta de Costa Rica, en casos estrictamente necesarios, y si viéramos una escalada en el sicariato o en delitos asociados al crimen organizado, a solicitar a la Asamblea Legislativa restricción de levantamiento o suspensión de garantías individuales“, aseveró Fernández en la presentación de su programa de gobierno.
Resaltó el hecho de que en la portada del plan presentado hoy por la candidata chavista, la silueta del presidente Rodrigo Chaves, así como la de Pilar Cisneros, aparecen junto a la de la aspirante.
La candidata salió al paso de lo que dijo aclarando que “no se trata de un toque de queda nacional, ni mucho menos”. No obstante, esa es una consideración que nunca una candidatura presidencial, presidente de la República o político serio había planteado en Costa Rica, lo que deja en evidencia la situación de inseguridad nacional en los últimos 3 años, pero más aun el hecho de que el chavismo esté considerando quebrar los derechos, principios y valores fundamentales de la democracia.
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“¿Y eso qué es? ¿Qué significa? Significa que si la cosa se pone muy fea, que Dios no lo permita, pero que si la cosa se llega a poner muy fea, con inteligencia policial, detectando los barrios de máxima delincuencia, levantar garantías y hacer operativos para sacar a estos maleantes de circulación”, agregó Fernández, quien días atrás afirmó que le habían puesto un micrófono oculto en su oficina, aunque la ciudadanía no se lo tomó en serio y más bien surgieron gran cantidad de bromas a raíz de lo que pareció algo falso.
Ese tipo de acciones policiales se han prestado también en países con regímenes dictatoriales para perseguir, apresar y sacar de circulación a la oposición política y crear centros de poder donde incluso sectores del crimen organizado pueden beneficiarse en perjuicio de otros. Por eso existe la ley en las democracia y debe aplicarse igual para todos.
La Constitución permite a la Asamblea Legislativa hacerlo
El artículo 121 de la Constitución Política indica que esa atribución, además, debe ser aprobada por el plenario legislativo con mayoría calificada, es decir, 38 votos, así como por un máximo de 30 días.
La Constitución es clara también de que eso solo debería aprobarse “en caso de evidente necesidad pública”. En ese caso establece la suspensión de los derechos estipulados en los artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37, que son la eliminación de: libre tránsito, inviolabilidad de domicilio, intimidad y secreto de las comunicaciones, de reunión, libertad de expresión, acceso a información de interés público, así como prohibición de detención sin indicios comprobados.
En otras palabras, el Gobierno podrá detener a las personas sin indicios ni orden judicial, tanto afuera como dentro de su casa, violar la intimidad de sus comunicaciones y de su hogar, evitar el libre tránsito de las personas donde lo desee y prohibir que haya reuniones de grupos organizados. Todo eso sirve, como es claro, para atacar, oprimir e inutilizar a cualquier oposición al régimen político en el poder. Muy grave.