El mayor desfinanciamiento en 40 años y la eliminación de programas sin sustento técnico, son dos de las causas más importantes que ponen a la educación pública en el peor deterioro jamás visto en Costa Rica.

Y no es una exageración si encontramos que los estudiantes de noveno año de secundaria tienen una comprensión lectora de estudiantes de tercer año de escuela. Ese ejemplo sirve para emitir alertas políticas que se elevan de una mera preocupación académica.

Esos son algunos de los descubrimientos que realizó el Estado de la Educación presentado ayer con presencia de varios candidatos y una candidata presidencial en la Universidad de Costa Rica. El Programa Estado de la Nación -PEN- volvió a presentar otro desesperanzador informe sobre la educación pública en el país.

En la actividad realizada en la Universidad de Costa Rica estuvieron presentes Claudia Dobles, Juan Carlos Hidalgo, Álvaro Ramos y Claudio Alpízar.

El estudio encontró que la eliminación de programas claves del Ministerio de Educación Pública -MEP- profundizan la crisis educativa en el país, sobre todo porque la decisión del gobierno actual se realizó sin criterios ni sustento técnico, sino de manera improvisada por la jerarca Ana Katharina Muller y, recientemente, por el actual jerarca, quien ha continuado el camino trazado.

Esos hechos, que se suman a las condiciones adversas en que trabajan los docentes y la desigualdad educativa que se siguen ensanchando del informe anterior al actual, han venido trayecto consecuencias negativas muy claras: Costa Rica registra su peor desempeño histórico en las pruebas PISA en los últimos años.

Desde la primaria, pero incluso más en secundaria, los principales problemas de la educación costarricense se registran en la pobre comprensión de lectura y el escaso desarrollo de habilidades matemáticas, dos actividades fundamentales en el aprendizaje de cualquier tema o materia.

La improvisación durante la actual administración también se refleja en los cambios de pruebas diagnósticas y de evaluación que se vienen realizando después de cancelar las pruebas FARO que venía aplicando el gobierno anterior. Según el informe, esas pruebas fueron eliminadas -como sucedió también con los programas de afectividad y sexualidad- sin tener un reemplazo serio y bien estudiado, para no dejar a los y las estudiantes sin esos recursos y herramientas.

Las nuevas pruebas estandarizadas han presentado, prueba el informe, seria deficiencias que comprometen una evaluación precisa y un diagnóstico más acertado de lo que realmente sucede con el aprendizaje de los jóvenes. Los últimos 3 años han sido terreno de improvisación y ausencia de sustento técnico en todos los órdenes, lo que profundizó la crisis que ya venía como consecuencia de las huelgas y la pandemia en años previos.

El informe, presentado por la coordinadora de investigación Isabel Román -en la imagen-, muestra la peor disminución de inversión educativa en 40 años, “víctima silenciosa del ajuste fiscal” y alejando al país de la meta constitucional del 8%.

“Entre 2018 y 2023, el freno de la tendencia expansiva se transformó en una contracción real del 6% para la inversión total y del 7% para la educación general. Esto tiene implicaciones profundas e impacta de manera diferenciada a los distintos niveles educativos. En la educación primaria, la inversión real cayó 14% en ese período, y su prioridad fiscal en el 2023 (4,4% del gasto del gobierno general) estuvo casi tres puntos porcentuales por debajo de la registrada en el 2000”, expone el informe.