El Ministerio de Educación Pública (MEP) requiere ¢51.184 millones para atender necesidades de infraestructura educativa en 2027, pero el proyecto de presupuesto solo le asigna ¢29.850 millones, según el informe técnico de la Contraloría General de la República (CGR). La identificación técnica de esas necesidades abarca 179 proyectos de construcción, remodelación y compra de terrenos.
De esos 179 proyectos, 53 se concentran en la Región Central (29,6%), 32 en la Región Brunca (17,9%) y 26 en la Región Huetar Caribe (14,5%). En esta última región se incluye la construcción de seis obras nuevas en la zona indígena de Telire, con un costo de ¢5.890 millones.
Uno de los colegios con mayor necesidad de reconstrucción total es el Liceo Mauro Fernández de Tibás. La exvicepresidenta Mary Munive visitó en 2024 el que fue también su colegio para prometer que impulsaría el dinero para lograrlo. Según funcionarios de esa institución educativa el proyecto apenas está “en licitación” pero se ignora su verdadero avance.
Actualmente existen 894 órdenes sanitarias vigentes en distintas etapas de atención en centros educativos del país. La mayor cantidad se concentra en la Región Central, con 289 órdenes (32,3% del total).
Sin embargo, en las regiones Huetar Caribe y Brunca predominan las órdenes de prioridad 1 —cierre o clausura por condiciones que comprometen seriamente la salud, la seguridad o la vida de las personas usuarias—, que concentran el 69,4% de ese tipo de órdenes (75 de 108) a nivel nacional.
La Contraloría relaciona este faltante presupuestario con una deficiencia más amplia en la planificación: el proyecto de presupuesto 2027 incorpora 33 programas presupuestarios, de un total de 131, que carecen simultáneamente de productos y usuarios definidos. El MEP es la cartera con mayor incidencia en esta condición, con 4 de sus 9 programas sin esos elementos, considerados básicos para la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
Esta cifra de 33 programas representa una mejora frente al Presupuesto Inicial 2026, cuando se contabilizaron 40 programas sin usuarios definidos y 36 sin productos definidos. Pese a ello, la CGR insiste en que persisten vacíos estructurales en la cadena de valor física del presupuesto, que limitan la posibilidad de evaluar si los recursos asignados realmente se traducen en servicios para la población.