El mérito por recuperación de tierras indígenas para solucionar un largo conflicto social que enfrenta Costa Rica desde hace décadas subyace a varias organizaciones, desde las asociaciones de desarrollo integral de las comunidades indígenas, la lucha social de los recuperadores hasta el gobierno de Carlos Alvarado que gestó y buscó el financiamiento para la ejecución de la compra de esos territorios en disputa.

El Instituto de Desarrollo Agrario dispuso desde el año 2021 en el presupuesto para el año 2022 la cantidad de ¢3.200 millones para adquirir algunas tierras que ya se venían midiendo y catastrando para definir la extensión e incluso su valor económico.

Sin embargo, durante el 2022 no se ejecutó ese presupuesto para recuperar territorios, sino fue hasta ayer que se hizo un acto para pagar la primera finca en la comunidad de Conte Burica a un señor de apellido Miranda Chaves por ¢365 millones. En ese acto el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, afirmó que el mérito es de este Gobierno.

Campos dijo que “había una ley, pero nunca se pudo realizar un evento”, en alusión a que hasta ahora por el trabajo de esta administración se logró. No obstante, el proceso para lograrlo no es cosa de un año para otro y ocupó muchos años de trabajos previos, como la medición y procesos legales.

En esta oportunidad la devolución se dio gracias a la disposición del finquero que tenía la propiedad mediante un acuerdo de pago, la opción más fácil para lograr la recuperación de los territorios indígenas. La más difícil es la expropiación que implica procesos legales.

El ministro Campos afirmó que “no fue fácil, hubieron muchos obstáculos y uno de ellos es que contando con el dinero no sabíamos legalmente cómo poder pagar y llevamos muchos meses tratando de buscar el camino en algo tan fácil, pero que a veces nos enredamos con normativas y leyes que no facilitan nada una gestión estratégica rápida.

Campos también reconoció y agradeció a las instituciones participantes en la mesa técnica encargada del tema.

“Después de muchos años en espera hoy puedo decir como equipo y como Gobierno que se está cumpliendo con esta deuda histórica”, afirmó.

La diputada de origen indígena, Sonia Rojas Méndez, afirmó luego que “el acto público protagonizado por el Poder Ejecutivo irrespetó a las autoridades de Conte Burica, desviándose de la agenda legítima de la Asociación de Desarrollo Integral de Conte Burica y adjudicándose un logro del cual no fueron responsables, sino que fue una labor del gobierno territorial, además de exponer al poseedor de buena fe, únicamente con el propósito de satisfacer sus propios intereses políticos”.

En efecto, en el acto público que fue transmitido mediante Facebook se leyeron las cualidades del finquero que vendió la propiedad, incluyendo su nombre, su cédula y hasta domicilio. La encargada de la lectura de la escritura fue la procuradora, Irina Delgado Saborío.

Rojas afirmó que lamenta la “instrumentalización de los pueblos indígenas con fines políticos” y recordó que la exclusión de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) de la regla fiscal fue un logro de los diputados de oposición en la Asamblea Legislativa, así como una moción que ella interpuso para dotar de recursos al Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas.

La misma CONAI ha tenido que enfrentar serias acusaciones de corrupción, precisamente por visar esas ventas en años anteriores por encima de la Ley Indígena de 1977.

La diputada manifestó su descontento por cómo el Gobierno se atribuye un logro para el que no hizo más que su trabajo, porque depende de varios actores, empezando por las mismas autoridades indígenas. En efecto, en el acto el periodista que dirige el audio recalcó de nuevo que fue gracias a la administración Chaves Robles que al fin se podía lograr algo así.

Antecedentes: la mentira del presidente Rodrigo Chaves

Ya el mismo presidente Rodrigo Chaves había mentido en febrero de este año al decir que “ningún Gobierno hasta la fecha -fue interrumpido y luego continuó- había puesto un solo colón, oigan esto, desde el 77, no habían puesto un solo colón de presupuesto para compensar a gente que compró en algunos casos tierra con título, plano catastrado, que compró tierra cuya transacción fue visada por el CONAI, diciendo dele, y que el Registro Nacional ejecutó la transacción”. Como ya se sabe desde el año 2021 el dinero fue presupuestado.

Con ese dinero y otros aportados en años anteriores empezó el proceso por la recuperación de al menos 310 fincas que fueron vendidas ilegalmente, sin respetar la Ley Indígena de 1977, impulsada entonces por la entonces diputada Karen Olsen, quien fuera esposa del tres veces presidente José Figueres Ferrer.

Durante el Gobierno de Alvarado, de hecho, fueron invertidos -según datos oficiales- ¢75.000 millones en los pueblos indígenas, tanto en la recuperación de tierras, como en soluciones de vivienda, salud y otras infraestructuras durante los 4 años de ese Gobierno.

Desde el 2021 se presupuestó para su aplicación en el año 2022 el monto de ¢3.200 millones para el Plan Nacional de Recuperación de Tierras Indígenas (RTI), donde por primera vez fueron destinados fondos para la recuperación de tierras para las comunidades originarias, como lo indica la misma institución en este comunicado de marzo de 2022.

Es decir, la asignación de esos recursos no es obra de Rodrigo Chaves, sino de un programa que viene desde años anteriores, donde primero tuvieron que realizarse varias acciones, como la medición de 1.638 propiedades y la colocación de 208 mojones, al tiempo que se realizaron 7.777 censos y analizaron 4.983 documentos para determinar cuáles propiedades pertenecen a las comunidades indígenas, según información oficial que se entregó en aquella oportunidad por parte del Inder.

El RTI empezó en el año 2016 y desde entonces realizó este trabajo que fue informado al cabo de su gestión por la administración Alvarado:

• Documentos analizados: 4.983.
• Mojones construidos, materializados y medidos: 208.
• Censos efectivos realizados: 7.777.
• Propiedades medidas: 1.638.
• Expedientes conformados: 310.

La Sala Constitucional dejó claro que toda compra después de 1977 fue realizada de mala fe y resulta inválida. No obstante, el Gobierno anterior trazó la ruta para que esas personas no se vieran perjudicadas por la misma negligencia estatal.