EL Ministerio Público acusa al presidente Chaves por un delito de concusión, previsto en el artículo 355 del Código Penal.
Según informó esta mañana, la acusación en contra del presidente Rodrigo Chaves Robles y el actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, es un delito que castiga hasta con ocho años de cárcel “al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”.
La acusación se da por la contratación presuntamente a dedo que realizó Casa Presidencial del productor audiovisual Christian Bulgarelli para realizar un programa llamado Cafeteando con el presidente y otros productos audiovisuales.
En esa contratación, gracias a los audios revelados por la ex ministra de Comunicación Patricia Navarro, se supo que el presidente habría solicitado “cariñitos”, lo que se presume como presuntas dádivas.
“La pieza acusatoria fue entregada a la Secretaría General de la Corte Plena, para su debido trámite, de acuerdo con el procedimiento especial de juzgamiento a miembros de Supremos Poderes, y también fue comunicada a la Procuraduría General de la República, como representante del Estado, a efectos de que manifieste si desea constituirse en querellante o actor civil”, informó la Fiscalía mediante un comunicado.
Se trata del expediente 25-000019-0033-PE, según el cual se investigó “la contratación aparentemente a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, correspondiente al período 2022-2026”.
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La Fiscalía sostiene que “se obligó e indujo al señor Christian Bulgarelli para que le otorgara un beneficio patrimonial indebido”, las conocidas dádivas, como producto de la contratación con el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Esos presuntos “cariñitos” fueron presuntamente solicitado en beneficio del co imputado Federico Cruz Saravanja, alias “Choreco”, asesor de campaña electoral y personal, y amigo íntimo del presidente Chaves, “a quien se le benefició con $32,000.00, derivado del “Contrato marco de prestación de servicios de consultoría”, para la compra de una casa”, según el comunicado. A “Choreco” Cruz se le sigue la causa penal 25-000044-0033-PE, aparte, porque no tiene ningún tipo de inmunidad.
Bulgarelli en este caso es el testigo de la corona, porque negoció no ser implicado en la causa con tal de explicar y declarar cómo sucedieron los hechos. Además del testimonio, la Fiscalía cuenta con todos los audios que entregó Patricia Navarro, no solamente los revelados por la prensa, así como los alcances de su investigación propia, que todavía no son conocidos.
“En este expediente, la FG aplicó al imputado Bulgarelli Rojas un criterio de oportunidad, de conformidad con el artículo 22 del Código Procesal Penal, inciso b, por tratarse de un delito grave, donde el imputado se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal, para esclarecer el hecho investigado y proporcionar información útil para probar la participación de los imputados”, explica la Fiscalía.
“Además, de acuerdo con la acusación, previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elabora los términos de referencia de su contrato”, relata el Ministerio Público.
Según la información brindada, en contra de Bulgarelli se sigue la causa 25-000043-0033-PE, “en la cual se solicitará la suspensión de la acción penal hasta que exista una sentencia firme en ese proceso. En caso de que la colaboración no llegue a ser eficiente para los intereses del Ministerio Público, se continuará con la persecución penal en su contra”.
Aunque no se sigue causa contra el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- también se sabe que esa entidad bancaria actuó de manera irregular y en presunta confabulación co el Gobierno para entregar el contrato según los términos establecidos por Casa Presidencial.