El levantamiento de inmunidad al presidente Rodrigo Chaves será decidido por la Asamblea Legislativa, después de la Corte Plena decidió por mayoría de 15 votos, traslada la solicitud de “levantamiento de fueron improcedibilidad”.

También el ministro de Cultura Jorge Rodríguez Vives enfrenta este procedimiento para ser sometido a un proceso judicial, en ambos casos por un presunto delito de concusión. La concusión se castiga con entre 2 y 8 años de cárcel.

En sesión extraordinaria celebrada este martes 1.º de julio, el máximo tribunal del Poder Judicial —integrado por las magistradas y los magistrados— resolvió, por mayoría de 15 votos, trasladar a la Asamblea Legislativa la solicitud de levantamiento del fuero de improcedibilidad (conocido como inmunidad) del presidente de la República y del ministro de Cultura.

Los otros siete magistrados votaron por devolver el expediente al Ministerio Público, al considerar que, con la prueba que consta en el proceso, no es posible realizar el juicio de probabilidad sobre la comisión del delito que, a su criterio, exige la ley, informó el Poder Judicial esta tarde.

Superada esta etapa del proceso, la decisión final queda en manos de las diputadas y los diputados. Es la primera vez en Costa Rica que se busca levantar la inmunidad a un presidente de la República.

La resolución del Tribunal se encuentra actualmente en fase de redacción.

Ayer la Corte decidió también trasladas al Congreso el levantamiento de la inmunidad al ministro de Justicia, Gérald Campos, quien hoy envió una carta al plenario legislativo donde renunció a su inmunidad directamente, sin que sea necesario que el Poder Legislativo tuviera que tomar la decisión.

Presuntos hechos del porqué el levantamiento de inmunidad al presidente Rodrigo Chaves

El mandatario fue acusado el 7 de abril pasado por el fiscal general Carlo Díaz. La concusión, es el delito en el que incurre un funcionario al abusar de su cargo para obligar o inducir a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial.

El Ministerio Público estableció que, en 2022, el Gobierno de Rodrigo Chaves promovió un contrato para una estrategia de comunicación y monitoreo en Casa Presidencial, financiado con $300.mil dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El contrato fue adjudicado a la agencia RMC La Productora, del productor Christian Bulgarelli.

Señala la Fiscalía que el contrato firmado al parecer se hizo a dedo ya que fue el propio productor quien diseñó los pormenores y requisitos del cartel que él finalmente ganó.

Indican que Rodrigo Chaves procuró que parte del contrato ($32.mil dólares ) fuera otorgado a su exasesor de imagen y amigo, Federico Cruz, conocido como “Choreco”.

Para el Ministerio Público el presidente obligó e indujo a Bulgarelli a dar un beneficio patrimonial a Cruz, quien supuestamente lo utilizó para la compra de una casa en La Unión.

Jorge Rodríguez para ese entonces era el jefe de despacho del mandatario y formaba parte del comité de comunicación del gobernante.