Una operación de la DEA de Estados Unidos, el OIJ del Poder Judicial y la PCD del Ministerio de Seguridad Pública realizó allanamientos y detenciones hoy para recoger evidencias sobre una banda que presuntamente opera lavado de dinero y narcotráfico.
Según informó el Ministerio de Seguridad esta tarde, se realizó un allanamiento en casa de la vicealcaldesa de Puntarenas de apellido Quesada Mora -elegida por PUSC-, porque su hija de apellido Medrano Quesada es pareja de un hombre de apellidos Sánchez Arce, quien sería uno de los líderes principales de la banda. Según el MSP, Sánchez es “hombre de confianza de Araya para realizar labores de logística en el trasiego marítimo de estupefacientes”.
La hija de la vicealcaldesa fungió como asesora legislativa durante cerca de 6 meses, gracias a una recomendación del exdiputado Carlos Andrés Robles Obando, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien hoy es ministro sin cartera de Costas, Mares y Pesca, quien funge como presidente ejecutivo de Incopesca.
El exdiputado Robles se ha identificado como gran amigo del expresidente Rodrigo Chaves Robles y es uno de los votaron para mantener la protección del fuero por inmunidad, además de todos los proyectos que impulsó el oficialismo en la legislatura anterior. Ese apoyo le valió el puesto de jerarca en Incopesca, además de que le dieran una categoría de ministro para recibir un salario del doble, por más de 4 millones de colones mensuales.
Para más señas, Robles a su vez fue asesor legislativo del exdiputado Óscar Cascante (PUSC, 2018-2022), acusado a mediados del 2025 por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho propio, que habrían beneficiado a la supuesta banda del caso Turesky, desmantelada en 2021 e investigada por tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero.
Transferencias bancarias divulgadas en mayo del 2023 por Telenoticias sugerían que el exdiputado Cascante habría recibido cerca de ¢4 millones por parte de sospechosos de narcotráfico y lavado de dinero vinculados con este caso, publicó hoy el diario La Nación.
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó esta tarde que se trata de la banda de un hombre de apellido Araya, quien estaba en libertad a pesar de varios intentos por encarcelarlo.
Según el detalle, la Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó 23 allanamientos en distintos puntos de Puntarenas y Alajuela, “para desarticular una estructura que en apariencia está relacionada con el tráfico local e internacional de drogas vía marítima, legitimación de capitales y préstamos gota a gota; liderada presuntamente por un sujeto de apellido Araya, quien actualmente está en prisión”.
Según la investigación de la PCD, Araya formó su organización con miembros directos e indirectos de su familia, así como personas de extrema confianza, entre quienes se incluye a la exasesora legislativa, quien ocupó un puesto de confianza en la jefatura de fracción del PUSC.
La PCD, informa el MSP, desarrolló cinco “casos de narcomenudeo vinculados a esta estructura criminal que dio como resultado la detención de al menos 30 personas, además del decomiso de importantes cantidades de drogas, dinero y armas”.
Pero además, “a este sujeto se le vinculó también con el tráfico internacional de drogas marítimo, en donde la PCD con apoyo del Guardacostas detuvo dos barcos pesqueros en aguas nacionales y otro más fue alertado y detenido en El Salvador”. En esas operaciones la Policía le decomisó 3.8 toneladas de cocaína, seis armas AR 15, dos pistolas y aprehendió a 11 personas.
“Paralelo a estas investigaciones, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron tres viviendas relacionadas con el aparente delito a Legitimación de Capitales, en donde figura la madre de la exasesora legislativa, quien actualmente es vicealcaldesa en la Municipalidad de Puntarenas y no fue detenida. Solamente se le decomisaron algunas evidencias que serán analizadas en el proceso de investigación”, informó el MSP.
Como parte de las diligencias de este miércoles, se aprehendieron a 17 personas. La Policía decomisó 5 millones de colones y 279 paquetes de cocaína, 106 kilos de marihuana, cuatro pistolas, tres armas largas, ₡5.600.00 mil colones, seis vehículos, un dron y una lancha.
En la operación policial también se intervino un taller de enderezado y pintura, un salón de belleza y un lavacar, aparentemente utilizados por esta organización como mampara de las ganancias obtenidas por parte de los negocios ilícitos.
Este trabajo contó con el apoyo de la DEA de los Estados Unidos, la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia (UEI), el Servicio Nacional de Guardacostas, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), la Fuerza Pública y el OIJ.