Un fideicomiso para obras no ejecutó ninguna de las 38 planificadas en 2019 por parte del Patronato Nacional de la Infancia -PANI- y finalmente terminó por ser cerrado el año anterior por criterio de esta administración. Después de cerrarse, el actual gobierno no ofreció una solución alternativa.
Según una auditoría de la Contraloría General de la República, el Patronato Nacional de la Infancia tiene una gran deuda con la protección de la niñez y juventud costarricenses, principalmente en el campo de la infraestructura que necesita y que la misma institución por ineficacia no cumple.
El nulo avance en infraestructura nueva se refleja en que “ninguna de las 38 obras planificadas en 2019 se concretó, dejando ¢15 mil millones del fideicomiso, sin ejecución y este vehículo financiero se cerró en 2024″.
Tal ha sido el relajo administrativo y financiero desde hace 5 años que el 60% de los recursos ejecutados por el fideicomiso se destinó a gastos administrativos y no fue usado para su propósito central: brinda obras adecuadas para la atención de esta población vulnerable.
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Esa ineficacia, que viene desde administraciones anteriores, pero se terminó de confirmar en la actual, ha obligado a la institución a recurrir a los caros alquileres: “un 56% de los inmuebles actuales son arrendados y los alquileres subieron un 58% entre el 2020 y el 2024”, reporta la Contraloría en su estudio.
La crisis se muestra cuando sabemos que el 19% de los albergues infantiles que administra el PANI se encuentran “en condiciones críticas o inservibles, 25% mantienen una ocupación encima de su capacidad y 47% con capacidad inadecuada para los servicios que ofrece”.
Y no solo se trata de alquileres caros y malas condiciones en albergues, sino que al menos un 67% de las oficinas reportan fallas que afectan servicios y un 43% se encuentra en estado regular o crítico.
“Una infraestructura bien gestionada contribuye a asegurar la continuidad y calidad del servicio, reducir el gasto en alquileres, ampliar la cobertura territorial, además de brindar entornos físicos seguros, cálidos y estimulantes que promuevan el desarrollo integral y que cubran las necesidades de las personas menores de edad durante su estadía en instalaciones del PANI -sic-“, subraya la Contraloría.