Un proyecto impulsado por el diputado Ariel Robles aumenta el plazo de prescripción en delitos sobre corrupción en la legislación costarricense.
La propuesta de ley aumenta ese plazo de 10 a 25 años cuando se trata de delitos por corrupción en la función pública. Es decir, no vencería la responsabilidad de quienes cometen esos delitos hasta después de 25 años.
Sin embargo, la dispensa de trámite para agilizar el expediente #24.834 fue votada de manera favorable por todas las bancadas legislativas, menos la del oficialismo y de Nueva República.

Son una prescripción mayor a diez años muchos delitos de corrupción, como el que se le achaca al expresidente José María Figueres, no hubieran prescrito y, posiblemente, hubiera sido llevado a juicio en caso de que regresara al país de su auto exilio durante esos diez años. Como ese caso, muchos más podrían juzgarse y evitar así la impunidad.
¿Por qué entonces las fracciones que lideran Pilar Cisneros y Fabricio Alvarado votaron en contra para avanzar en proyecto tan importante para combatir la corrupción de Costa Rica?
Según una periodista de la fracción fabricista, votaron en contra de la dispensa de trámite porque ellos tienen un proyecto propio que es “más severo” porque aumenta la prescripción hasta 30 años y presenta otras condiciones. Además, afirman, está más adelantado que el proyecto frenteamplista en la corriente legislativa.
El oficialismo no se ha manifestado sobre su oposición.
Ariel Robles manifestó que el proyecto busca evitar la impunidad:
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