La bancada de Liberación Nacional (PLN) advirtió que la Sala Constitucional podría llegar a un cierre técnico debido al bloqueo de los diputados chavistas de Pueblo Soberano (PPSO) quienes se resisten a elegir magistrados suplentes.
Ayer el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, alertó que hay dos consecuencias de esta actitud anti democrática del chavismo, primero la afectación directa a las personas que necesitan un amparo constitucional y, segundo, la intención oscura de esa bancada de nombrar no a los más idóneos, sino a los más manipulables en la intención que tiene ese bloque de controlar los tres poderes de la República, en un ejercicio dictatorial.
Un día antes, la bancada “jaguar” aprobó una moción para devolver a la Corte Suprema de Justicia la nómina de 18 candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional, decisión que, según la oposición y el mismo órgano judicial, podría generar un retraso de, al menos, nueve meses para completar los nombramientos.
Desde el oficialismo aseguran que debe haber otra nómina que “no responda a intereses de los partidos políticos”. Por ello, han impedido, por más de 11 votaciones, que se realice la elección de magistrados.
Ante ello, el PLN acusó que el oficialismo tiene un bloqueo que pone en riesgo la institucionalidad y el principal mecanismo que tienen los costarricenses para defender sus derechos frente al Estado.
“Miles de personas podrían quedar sin respuesta oportuna en casos de medicamentos, pensiones, becas, vivienda y acceso a la justicia. Durante meses la Asamblea Legislativa ha intentado elegir a los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional. En ronda tras ronda, el oficialismo ha respondido con votos en blanco o con la negativa abierta a respaldar a cualquier candidato. Hoy el riesgo es real: la Sala podría quedar sin capacidad plena para resolver los casos que llegan a su puerta. Lo que está en juego no es un nombramiento más. Lo que está en juego es que miles de costarricenses se quedan sin quien los defienda cuando el Estado le niega un medicamento, una pensión, una beca, una vivienda o el acceso a la justicia”, señalaron.
La diputada Karol Matamoros, del PLN, envió un video directo y sin ambages sobre lo que sucede con esta fallida elección:
Por otra parte, el PLN rechazó el argumento de que la Sala Constitucional “defiende partidos o los poderes fácticos”.
“Al negarse sistemáticamente a elegir los suplentes, el oficialismo está asumiendo una responsabilidad directa sobre lo que pueda ocurrir. No se trata de un error ni de una diferencia de criterio. Se trata de una decisión política y nefasta que ha impedido, una y otra vez, que la Sala pueda operar con normalidad. Si la Sala Constitucional se ve obligada a reducir su funcionamiento o, en el peor de los casos, a paralizarse, las consecuencias no las pagarán los diputados ni los partidos. Las pagarán las personas comunes que hoy dependen de ese tribunal para que se respeten sus derechos más básicos. Esa es la realidad que el oficialismo parece dispuesto a ignorar”, acusó la fracción verdiblanca, mediante una conferencia esta mañana.
“La elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional no debería ser rehén de cálculos políticos. Costa Rica necesita una justicia que funcione y sobre todo diputados y diputadas responsables y comprometidos con el deber que se nos encomendó”, expresó el también verdiblanco Rónald Campos.
*Con información de ElPeriodicocr.com, en alianza informativa.