El Poder Judicial aprueba presupuesto para su funcionamiento en el año 2027, en el que el Ministerio de Hacienda le aplica varias restricciones, que implican una reducción del gasto corriente y de capital por ₡11.342,51 millones con respecto a este 2026.
Además, dio a conocer el Poder Judicial, no se le permite crear nuevas plazas para hacer frente al aumento del crimen organizado y las denuncias que colman los tribunales, de manera que, aducen, “el monto aprobado cubre únicamente requerimientos mínimos de operación“.
“En estricto apego a las disposiciones y límites establecidos por el Ministerio de Hacienda” ayer lunes 25 de mayo, en sesión de Corte Plena, el presupuesto por ₡530.183,17 millones fue aprobado.
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Asevera el Judicial que “quedan sin financiamiento importantes necesidades operativas, como la innovación y ampliación de servicios digitales, orientadas a mejorar la eficiencia y la atención a las personas usuarias, así como limitaciones en infraestructura física”.
“La reducción presupuestaria impactará gastos ineludibles para la operación básica de los servicios judiciales. Entre las afectaciones se encuentran el recorte en construcción, el reemplazo cero de vehículos —de los cuales el 51% corresponde al OIJ—, la inversión tecnológica y proyectos de seguridad institucional“, agrega este Poder de la República, que ha tenido que enfrentar una constante guerra de ataques desde el gobierno de Rodrigo Chaves y, ahora, de Laura Fernández.
Compromiso continúa a pesar de restricciones desde el Gobierno
El Magistrado presidente, Orlando Aguirre Gómez, afirmó que “incluso en escenarios de restricción económica como el que se enfrenta actualmente”, el Poder Judicial seguirá dando los buenos resultados que se le reconocen internacionalmente, al grado de tener evaluaciones que lo hacen estar por encima de los demás países de la región.
Para sustentar esa afirmación, el Poder Judicial aportó algunos datos entre 2021 y 2025, donde señalan buenos resultados en su gestión y las necesidades que tienen en este momento y quedarán sin financiamiento:
1. Eficiencia Institucional (2021 – 2025)
Avances y optimización del rendimiento utilizando los mismos recursos asignados.
- Priorización estratégica: Enfoque riguroso en la resolución de expedientes antiguos en la vía judicial.
- Mejora continua: Implementación de modelos de monitoreo directo en despachos para aplicar planes de respuesta inmediata.
- Modernización técnica: Fuerte impulso hacia el rediseño de procesos internos y la transformación digital integral.
2. Necesidades Críticas Sin Contenido Presupuestario
Plazas requeridas y costos estimados necesarios para la correcta aplicación de leyes y coberturas básicas.
| Área / Proyecto Institucional | Plazas | Presupuesto Requerido |
|---|---|---|
| Fortalecimiento de Despachos Penales | 1.399 | ₡46.647 millones |
| Jurisdicción Especializada para Pueblos Indígenas | 165 | ₡5.643 millones |
| Custodios para Oficinas del OIJ (Nacional) | 121 | ₡2.936 millones |
| Ley 7594 (Prueba anticipada en delitos sexuales) | 65 | ₡2.933 millones |
| Materia Penal Juvenil (Necesidades y Leyes) | 34 | ₡1.938 millones |
| Ámbito Administrativo Global | 58 | ₡1.777 millones |
| Ley 9582 de Justicia Restaurativa | 39 | ₡1.430 millones |
| Tribunales Peninsulares (Acceso Puerto Jiménez) | 33 | ₡1.261 millones |
| Código de Familia (Impacto en Psicología y T. Social) | 29 | ₡1.092 millones |
| Ley 9983 de Contratación Pública | 17 | ₡589 millones |