El Poder Judicial desmiente de nuevo al presidente Rodrigo Chaves sobre un proceso judicial en curso, luego de declaraciones que diera el mandatario en su programa de proselitismo político de los miércoles.
Ante las declaraciones del gobierno, el Poder Judicial recordó que el expediente número 20-009616-0042-PE, por el delito de cohecho, “continúa en trámite” en el Juzgado Penal de Hacienda, donde corresponde por ley.
Le recordó a Chaves que en diciembre se emitió una resolución contra alguna prueba presentada por la Fiscalía, pero el Ministerio Público interpuso recurso de apelación al respecto que ahora está en trámite y por eso habrá una audiencia el próximo 6 de abril. Esa audiencia no se realizó el 17 y 18 de marzo, como estaba planeado, por solicitud de varios implicados.
“De tal manera, el proceso no ha finalizado, no se ha decretado sobre a la inocencia o la culpabilidad de ninguna persona. La resolución versa exclusivamente sobre la validez jurídica de determinados medios de prueba”, afirmó de manera contundente el tercer poder de la República.
Un juez de apellido Álvarez había emitido resoluciones en contra de la prueba, pero el Juzgado Penal de Hacienda determinó que “existían defectos sustanciales de fundamentación y declaró la ineficacia de tales resoluciones, ordenando la devolución del expediente al despacho de origen”, explicó el Judicial. El juez cuestionado renunció a su puesto después del acto cuestionado.
Además, explica el Poder Judicial ante la alevosía de las declaraciones del Poder Ejecutivo, “a persona juzgadora conoció únicamente un recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de las personas imputadas. No tenía a su cargo la investigación penal, por lo que resulta incorrecta cualquier afirmación en ese sentido. Conforme a la normativa procesal vigente, la investigación penal y el ejercicio de la acción penal constituyen potestades exclusivas del Ministerio Público”.
Se cuestiona, entre líneas, que de nuevo haya ignorancia sobre el funcionamiento de la legalidad costarricense o mala intención para seguir en una campaña permanente de desacreditación del trabajo profesional de las diversas instancias y procesos del Poder Judicial.
“El sistema penal costarricense, conforme a la Constitución Política de Costa Rica y al Código Procesal Penal de Costa Rica, exige que toda actuación investigativa respete estrictamente el debido proceso y las garantías fundamentales. Cuando una diligencia de investigación no cumple con esos estándares, corresponde al órgano jurisdiccional ejercer control de legalidad y, en su caso, excluir la prueba obtenida”, concluye un comunicado de la entidad sobre el tema.