El Corredor Biológico Paso la Danta, en Portalón es solamente la punta del iceberg acerca del problema de la falta de regulación y supervisión del estado en proyectos inmobiliarios en la Fila Costeña.
Ya en setiembre del año 2008, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica había pedido controlar el desarrollo inmobiliario y turístico de la zona sur, empezando por la Fila Costeña, un sistema montañoso secundario que se extiende desde Dominical hasta Palmar Norte, descendiendo cerca de la costa y de la carretera Costanera Sur.
El paso la Danta es una zona que conecta las regiones del Pacífico Central y Sur de Costa Rica entre los ríos Savegre y Térraba, abarca aproximadamente 82.000 ha y 68 km de costa.
Como denuncian la comunidad y organizaciones ambientales, así como la misma Universidad de Costa Rica, “estas construcciones se han realizado sin ningún tipo de regulación, sin estudios de viabilidad ambiental por parte de SETENA, ni permisos municipales”.
Según una publicación reciente en Surcos de un grupo de organizaciones interesadas, esta situación fue documentada por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), en un estudio realizado en 2024, donde se concluye que el 25 % de las construcciones operan sin permisos.
La situación es tan grave y creciente en los últimos tiempos, que tanto las comunidades implicadas como la UCR están pidiendo una moratoria en la concesión de permisos de construcción en el área protegida, mientras se realiza uno o varios estudios que permitan una visión amplia y clara de lo que sucede, para evitar más destrucción ambiental.
Un dato alarmante muestra que el cantón de Osa ocupa el décimo lugar a nivel nacional, con 4.798 metros cuadrados construidos sin licencia, lo que implicaría una corresponsabilidad de la Municipalidad local, que se suma a la ineficiencia y arbitrariedad con actúan Setena, el Sinac y el Ministerio de Ambiente y Energía -las entidades al mando el Gobierno-, si se toman como referencia los casos de Gandoca-Manzanillo y del residencial en Portalón que fue detenido por un juzgado recientemente.
“Una investigación liderada por Carlos Morera, de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (UNA), reveló que entre 2002 y 2006, el 56 % de los permisos de construcción en la zona se otorgaron en áreas de fuerte pendiente y bosque primario. Muchas de estas edificaciones carecían de los permisos necesarios, lo que provocó deslizamientos y sedimentación en cuerpos de agua, afectando negativamente ecosistemas sensibles como el Parque Marino Ballena (UNA Comunica, 16-1-2009; Morera C.2009)”, denuncian las organizaciones y la UCR.
En el caso de Portalón, el Minae y sus instituciones llegaron demasiado tarde, cuando el daño ya estaba hecho, como se aprecia en las imágenes. Setena confirmó todos los daños al ambiente, incluyendo “cementerios de árboles” y otras irregularidades, pero la empresa pudo actuar a la libre durante al menos los últimos 3 años, como confirman las imágenes de satélite.
El estudio de Morera encontró algo que viene siendo un secreto a voces desde hace al menos unos 15 años: “aunque la cobertura boscosa ha aumentado en décadas recientes, esta tendencia está hoy en riesgo. El auge del llamado “turismo inmobiliario” —es decir, la construcción de bienes inmuebles como condominios, casas de lujo y residenciales orientados a la inversión extranjera— ha propiciado la deforestación en zonas clave, en especial aquellas con vistas al mar”.
La Fila Costeña se enfrenta con zonas de gran atractivo turístico en las últimas décadas, desde la construcción de la Costanera, como el área de Dominical, pero más aún en las inmediaciones del Parque Nacional Bahía Ballena, donde ya se ubican hoteles de renombre en las montañas, muy caros y inaccesibles para el turismo medio nacional. Para tener una referencia, hoteles tan caros como una noche por $350, algunos que incluso presumen acceso privados a “playas privadas”, como en cercanías playa y cavernas Ventanas.
Según la denuncia de las organizaciones, hay estudios registrales realizados por Óscar Leiva, Máster en Desarrollo Territorial Rural por FLACSO, donde se estima que entre el 70 % y el 75 % de las propiedades en Ojochal están en manos de personas extranjeras. Esta estimación se basa en una muestra de aproximadamente 3.000 hectáreas inscritas, muchas a nombre de sociedades anónimas, y forma parte de su tesis de Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional (UNA), Sede Chorotega.
Aquí se suma el fenómeno de la gentrificación, donde los lugares más hermosos del país pasan a manos de extranjeros, pero antes pasan por especuladores en bienes raíces que obtienen grandes tajadas por revender propiedades de gran valor que los costarricenses venden baratas y los foráneos compran caras.
La construcción de casas con vista al mar implica, además, como sucedió en Portalón, de la apertura de caminos en zonas boscosas y con pendientes pronunciadas, “contribuyendo a la fragmentación de los parches de bosque que garantizan la conectividad ecológica de la fauna y flora”, según denuncian. Además, los ríos tienen arrastre de sedimentos al mar que contaminan.
Los delitos ambientales más frecuentes en Osa son, precisamente, tala ilegal, cambio de uso de suelo, invasión de áreas de protección y de cauces de agua, destrucción o extracción de vegetación en zonas protegidas, y aprovechamiento ilegal de recursos, según había informado Camilo Flores, fiscal ambiental de Osa.
Según el informe “Situación del Reciclaje 2021-2024” de la Asociación de Reciclaje AmbiciOsas (2025), entre 2020 y 2024 la construcción de viviendas y negocios para la industria turística aumentó un 300 % en el distrito de Bahía Ballena. Solo en Ojochal, durante 2022, se tramitaron 2.000 permisos de construcción. El mismo informe, con datos del ICT (2024), señala al Parque Nacional Marino Ballena como el tercer parque más visitado del país, con 317 empresas de hospedaje, 1.713 habitaciones y 103 establecimientos gastronómicos en el distrito más pequeño del cantón. Esta afluencia turística, sumada al aumento de “comunidades privadas” en las montañas de la Fila Costeña, agrava los problemas de manejo de residuos y limita la capacidad de respuesta municipal.
El problema está por estallar, sin duda.