La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el proyecto de presupuesto del Gobierno para 2027 incluye cinco normas de ejecución que califica como contrarias a la Constitución Política, entre ellas una que bloquea ¢29.844 millones del Poder Judicial —un 5,6% de su presupuesto total— hasta que se cumplan condiciones que, según el órgano contralor, no están previstas en ningún proceso presupuestario anterior.
Esa norma, identificada como norma 9, mantiene sin ejecución 313 de los 543 renglones de gasto del Poder Judicial. El bloqueo golpea de forma desigual: un 15,6% del programa de Dirección y Administración, 6,8% del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 1,9% del Servicio Jurisdiccional y 1,8% de la Defensa Pública. Por tipo de gasto, afecta sobre todo a bienes duraderos (62% bloqueado) y materiales y suministros (20,4%).
¿DÓNDE PEGA EL BLOQUEO AL PODER JUDICIAL?
Porcentaje del presupuesto 2027 de cada programa que queda bloqueado por la norma 9
Fuente: CGR, Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 (DFOE-FIP-MTR-00004-2026)
Para liberar esos recursos, la norma exige que el Poder Judicial presente estados financieros auditados de un fideicomiso, que la propia CGR certifique el cumplimiento de disposiciones de auditoría, y que una comisión legislativa —que hoy no interviene en el trámite presupuestario— apruebe esas condiciones. La Contraloría dice que ese mecanismo “excede lo establecido constitucionalmente” y convierte una autorización de gasto, que debería ser única y definitiva, en una aprobación condicionada en el tiempo.
Otras dos normas (11 y 12) le asignan a la propia CGR la tarea de ratificar estudios de costo-beneficio antes de que el Poder Judicial y la Defensoría de los Habitantes puedan pagar compensaciones salariales o usar plazas vacantes. La Contraloría advierte que esto la obliga a ejercer funciones de “administración activa” que no le corresponden, y que la Sala Constitucional ya ha señalado —en la resolución 11491-2002— que asignarle ese tipo de tareas “desnaturaliza el diseño” constitucional del órgano contralor y vulnera su independencia.
Una cuarta norma prohíbe trasladar recursos entre partidas del Poder Judicial y la Defensoría de los Habitantes sin un presupuesto extraordinario aprobado por el Congreso, mientras que una quinta restringe el uso de plazas vacantes en los ministerios. La Sala Constitucional ya declaró inconstitucionales normas similares sobre manejo de plazas en las resoluciones 19539-2024 y 1729-2024, esta última precisamente por un caso del Poder Judicial.
La CGR concluye que las cinco normas “resultan improcedentes al amparo de la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional, la técnica presupuestaria y la normativa presupuestaria vigente” y recomienda que se eliminen del proyecto antes de su aprobación.
Sin embargo, el oficialismo tiene mayoría en la Asamblea, lo que les permitiría aprobar el presupuesto como quieran, pero eso provocará un caos posterior porque habrá acciones de inconstitucionalidad que lo convertirían en un presupuesto ilegal.
El Poder Judicial, por su parte, advirtió en una audiencia legislativa el 16 de setiembre que el bloqueo de fondos tecnológicos podría cortar licencias y servicios clave a partir de febrero o marzo de 2027, obligando a volver a las notificaciones judiciales en papel.
Esta información se desprende del análisis de los datos del Informe Técnico sobre el Proyecto de Presupuesto 2027 que la Contraloría comunicó el pasado jueves 1 de octubre, donde se analizan “las perspectivas fiscales, el comportamiento de los ingresos y egresos, las normas de ejecución presupuestaria, las asignaciones realizadas a la Caja Costarricense de Seguro Social, el gasto social y el cumplimiento de los principios presupuestarios, entre otros”.
El Ministerio de Hacienda, cuyo ministro es el expresidente Rodrigo Chaves, está en franca guerra de recortes presupuestarios a las instituciones independientes de control y fiscalización, así como judiciales.