La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que las municipalidades no tienen la autorización legal para instalar cámaras de reconocimiento facial en las comunidades, por lo que indicaron que es urgente crear una ley que regule el uso de tecnologías de vigilancia que recopilan datos biométricos de los ciudadanos.
Además, señalaron, que dichos métodos requieren de una ley que defina cual es el fin público que persiguen los gobiernos locales con uso de esa tecnología, así como los parámetros para el tratamiento de los datos de acceso y el régimen sancionatorio en caso de incumplir con la norma.
El diputado Enrique Sánchez Carballo fue quien solicitó a la PGR la opinión sobre el tema pues considera que el acceso irrestricto de los datos biométricos de las personas sin una ley es un grave riesgo para los derechos humanos de la población.
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“ Este tipo de tecnologías han sido catalogadas en Europa como de alto riesgo, porque los datos biométricos son datos sensibles, cuyo uso debe regularse por medio de normas que aclaren el alcance y objetivos de tales sistemas de vigilancia. La falta de leyes puede generar casos de discriminación o violaciones a los derechos de intimidad, libertad y secreto de las comunicaciones. Por eso, es necesaria una norma que brinde garantías a la ciudadanía y prohíba los abusos de los Poderes del Estado”, indicó el legislador.
Según señala el diputado, dicha interrogante la planteó en virtud de la posible implementación de métodos de video-vigilancia policial ligada con inteligencia artificial y detección facial por parte de las municipalidades. Lo anterior, como parte de la innovación en materia de políticas públicas sobre seguridad ciudadana.
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