Proyecto del diputado Luis Diego Vargas del Partido Liberal Progresista propone bajar los tiempos en las expropiaciones para avanzar en la obra pública importante para el país, como en los casos de la vía entre San José y San Ramón, la ruta Barranca-Limonal y muchas otras que vienen en camino.

El proyecto fue presentado esta tarde mediante una actividad en el Congreso, donde se expuso la urgencia de un proyecto que elimine trabas legales para proceder con las obras de infraestructura vial que urgen.

“Las expropiaciones han sido una traba en la construcción de obra pública en Costa Rica. El Estado ha pagado históricamente millones de millones extra de los presupuestos originales de las obras debido a los atrasos con las expropiaciones y hay proyectos que se han atrasado por años. Esta propuesta de ley viene a romper el molde en esta materia”, expresó el diputado Luis Diego Vargas.

“Ley general de adquisición de terrenos y expropiaciones”, se llama el proyecto que lleva la firma de legisladores de distintas fracciones en la Asamblea Legislativa.

Según comunicó el despacho del diputado, “la propuesta es una reforma profunda que derogaría la actual ley N°7495, Ley de Expropiaciones, acortaría los plazos para la adquisición de terrenos, fortalecerá la negociación entre el Estado y los propietarios y contiene un apartado de disposiciones con figuras novedosas como la posibilidad de realizar permutas de inmuebles cuando el trazado de un proyecto compromete el uso de bienes destinados a parques y salones comunales, entre otros”.

“Entre los principales cambios, crea un incentivo de hasta un 10% extra del precio del avalúo para estimular la venta voluntaria o trato directo de terrenos que sean necesarios para completar un proyecto y no demorar el calendario de ejecución de las obras”, añade la información oficial enviada.

Propone, además, que para no detener el avance de obras públicas el Estado pueda usar los terrenos que sean declarados de interés público, mientras en vía judicial se resuelve cualquier diferencia de precio planteada por los propietarios.

El diputado Vargas ejemplificó el caso de Barranca-Limonal, que inició en el año 2020 y estaba prevista su conclusión para enero del 2023; sin embargo, a esa fecha únicamente se tenía un avance del 18%.

El proyecto, que empezará a discutirse en la Asamblea Legislativa crea, además, un órgano técnico en materia de adquisición de terrenos y expropiaciones, adscrito en grado de desconcentración mínima al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Dirección General de Adquisición de Bienes Inmuebles y Expropiaciones, según se informó.