La fracción de Pueblo Soberano (PPSO) calificó de “vergonzosa e inaceptable” la decisión de Liberación Nacional (PLN) de condicionar su permanencia en la mesa de diálogo sobre el sector eléctrico a que se devuelvan recursos a las universidades públicas. El PPSO dice que, si no hay acuerdo sobre la armonización eléctrica antes de las 3 p. m. del lunes 19 de octubre, el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional tendría que pasar a segundo debate.
El oficialismo cuestiona que se vincule la discusión energética con las diferencias sobre el financiamiento universitario. Lo hizo en un comunicado en el que describe la postura del PLN como una ruptura del diálogo. El PLN había informado ese mismo viernes que condicionaba su continuidad en la mesa.
“El futuro energético de Costa Rica no puede convertirse en moneda de cambio político. Estamos hablando de la estabilidad del sistema eléctrico, la atracción de inversiones, la generación de empleo y el desarrollo de nuestro país”, dijo Juan Manuel Quesada, subjefe de la fracción del PPSO.
Según la bancada oficialista, defender la educación pública no debe confundirse con defender privilegios ni con mantener intacto el statu quo universitario. Plantea que el financiamiento de las universidades se discuta con criterios de transparencia, eficiencia y responsabilidad fiscal.
Ayer las universidades revelaron que la bancada oficialista está impulsando mediante mociones una serie de recortes que provocarían daños directos como el cierre del Instituto Tecnológico en Limón o la disminución de matrícula en carreras STEAM, como las ingenierías.
“Costa Rica necesita acuerdos para avanzar, no condicionamientos políticos que puedan frenar decisiones fundamentales para su desarrollo. Las diferencias presupuestarias no deben utilizarse para bloquear el diálogo sobre el futuro energético”, afirmó Nogui Acosta, jefe de fracción.
El PPSO indica que, para aprobarse en segundo debate, el proyecto necesita 38 votos. Si no los consigue y se agota el plazo legislativo sin salida, se archivaría, y con eso terminarían cuatro años de discusión. El oficialismo dice que eso sería un golpe para la estabilidad eléctrica, la atracción de inversiones y el empleo.
El PLN, por su parte, condicionó su participación en la mesa a que el Gobierno devuelva los recursos a las universidades y dijo que ya había comunicado esa postura a Acosta.