Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, reaccionó contra las mentiras de Rodrigo Chaves sobre esta institución pública de educación superior, la mejor de Centroamérica y el Caribe en todos los rankings internacionales.

Mediante una manifestación pública, Araya Leandro desmintió varias afirmaciones que realizó Chaves Robles, quien de nuevo volvió a atacar a la UCR, por ser parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), entidad que colabora financiando al Estado de la Nación, informe sobre la situación del país que no agradó al presidente y, como es su rutina, culpó y trató de disminuir con apreciaciones subjetivas y, en gran medida, falsas.

En su nuevo ataque, Chaves también tiró al Instituto Tecnológico de Costa Rica, la otra universidad pública que forma más profesionales de primer nivel y contribuye con el desarrollo del país.

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Transcribimos textualmente la manifestación del rector universitario:

Dr. Carlos Araya Leandro, Rector Universidad de Costa Rica | Las recientes declaraciones del Presidente de la República —según las cuales “la Universidad de Costa Rica (UCR) detesta a este gobierno”— obligan a una reflexión serena, pero también a una aclaración firme en defensa de la verdad y del prestigio de la Institución. Tales aseveraciones, además de carentes de fundamento, alimentan una narrativa de confrontación que erosiona la institucionalidad democrática y desinforma a la ciudadanía.

La Universidad de Costa Rica no detesta a ningún gobierno. No lo ha hecho en sus 85 años de existencia, ni lo hará. La UCR es una institución pública guiada por un profundo humanismo, por la búsqueda de la verdad y por el servicio al país. Nuestro vínculo no es con un gobierno, es con la sociedad costarricense. Mientras afirmaciones infundadas se pronuncian en conferencias de prensa, la Universidad colabora diariamente con ministerios, municipalidades, instituciones autónomas y entidades estatales en proyectos de salud, educación, ambiente, infraestructura, innovación, seguridad alimentaria y desarrollo territorial. Esta cooperación es verificable, constante y ajena por completo a disputas políticas.

Lo que sí rechazamos —y lo hacemos con rigor ético— son prácticas que degradan la convivencia republicana: la polarización social, la intolerancia, la manipulación informativa, la desinformación y los discursos de odio. La UCR está moral y constitucionalmente obligada a advertir sobre estos riesgos, porque la democracia no solo se protege con votos, sino con criterio, diálogo y verdad.

Resulta igualmente improcedente afirmar que la UCR “malgasta recursos”, “se reparte la tajada del león” o “sangra al pueblo costarricense”, como expresó el Presidente mediante la desafortunada comparación con la tribu Masái. La Universidad de Costa Rica rinde cuentas según lo dispone la Constitución y la legislación vigente. Su presupuesto es público, fiscalizado por entes externos y ejecutado con responsabilidad. La Institución no administra pensiones, no define salarios por voluntad discrecional y jamás ha recibido aumentos ajenos a la negociación formal del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Tampoco es cierto que la UCR haya recibido incrementos “del 18 o 19%” por ser beneficiaria de favoritismos políticos. Las negociaciones del FEES siempre han incluido análisis técnicos, proyecciones económicas y criterios constitucionales que trascienden coyunturas partidistas.

En lo académico, también es necesario refutar afirmaciones erróneas. Lejos de “graduar gente en profesiones sin demanda”, la UCR es la universidad pública que más estudiantes admite en carreras STEM y la que más profesionales en estas áreas gradúa cada año. La evidencia nacional e internacional confirma que la UCR es también la institución que más investigación produce, más patentes registra, más proyectos científicos ejecuta y más innovación impulsa. Reducir este aporte a una caricatura desconoce la magnitud del impacto de la UCR en el desarrollo económico, tecnológico y social del país.

La comparación con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), institución de gran prestigio y con la que la UCR mantiene relaciones de cooperación, tampoco se sostiene: la existencia de un modelo universitario diverso —que incluye ciencias, ingenierías, artes, salud, humanidades, ciencias sociales y ciencias básicas— no es un defecto, sino un pilar del progreso nacional. Una economía moderna no prospera sin ingenieros; pero tampoco sin profesionales en medicina, educación, filosofía, matemática, economía, lingüística, artes, microbiología, historia, enfermería, psicología o trabajo social. En un contexto global donde resurgen discursos autoritarios y movi mientos antiintelectuales, las humanidades son más indispensables que nunca para darle dirección ética al avance científico y tecnológico.

Preocupan también las insinuaciones sobre limitar la autonomía universitaria. La Constitución Política es explícita: la autonomía no es un privilegio, sino un mecanismo de resguardo democrático para evitar que la Educación Superior Pública sea rehén de presiones políticas coyunturales. La autonomía garantiza la libertad de cátedra, la investigación independiente y la formación crítica que un país libre requiere. Cuestionar o amenazar ese principio es desconocer la arquitectura constitucional construida durante ocho décadas.

Como recuerda el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon: debemos oponernos a las fuerzas de la discriminación, la intolerancia y el odio. Detestar solo divide, elegir el respeto siempre construye un camino mejor. La Universidad de Costa Rica seguirá cumpliendo su misión con excelencia, rigor, transparencia y compromiso. No entramos en disputas personales ni respondemos con insultos; respondemos con datos, argumentos y dignidad. La ciudadanía puede tener la certeza de que la UCR no se distrae con ataques: trabaja todos los días por un país más justo, más educado y más libre. Esa es nuestra vocación, y así seguirá siendo.