Europa Press | La Universidad de Harvard ha anunciado este lunes que rechaza los cambios de política que le exigía la Casa Blanca en una carta remitida la semana pasada, por lo que podría perder casi 9.000 millones de dólares en financiación federal.

“Hemos informado a la Administración a través de nuestro representante legal de que no aceptamos su propuesta de acuerdo”, ha apuntado el presidente de la Universidad de Harvard, Alan M. Garber, en un comunicado oficial. “La Universidad no va a entregar su independencia ni sus derechos constitucionales”, ha añadido, según recoge la cadena estadounidense CNN.

La semana pasada esta prestigiosa institución universitaria recibió una misiva con una serie de modificaciones para “mantener la relación económica de Harvard con el Gobierno federal”.

La Administración de Trump ha enviado cartas a muchas universidades del país amenazando con recortes en la financiación si no se aplicaban cambios. El rechazo de Harvard es la primera de una universidad de élite.

Entre las peticiones, la eliminación de los programas de diversidad, igualdad e inclusión, la prohibición de máscaras en manifestaciones dentro del campus, cambios en la política de contratación y admisión y limitar a quienes “están más implicados en el activismo que en la enseñanza”.

El Gobierno federal defiende estas medidas para “combatir el antisemitismo” que vincula con las multitudinarias manifestaciones y encierros de 2024 en protesta por la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

“El presidente Trump trabaja para hacer la educación superior grande de nuevo poniendo fin al antisemitismo desenfrenado y garantizando que los dólares de los contribuyentes federales no financien el apoyo de Harvard a una peligrosa discriminación racial o violencia política”, ha indicado un portavoz de la Casa Blanca, según la CNN. “Ni Harvard ni ninguna otra institución que viole el Título VI está, por ley, inhabilitada para recibir financiación federal”, ha remachado.

En su comunicado, el presidente de Harvard advierte de que la mayoría de los cambios exigidos “suponen una intervención gubernamental directa en las condiciones intelectuales” de la universidad.

“Ningún gobierno, del partido que sea, debe dictar lo que pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden matricular o contratar o qué ámbitos de estudio o investigación deben abordar”, ha alegado Garber.

El caso similar a Costa Rica con Rodrigo Chaves

Redacción CCR | Aunque no prosperó y se considera otro fracaso de la administración Chaves Robles en Costa Rica, hace dos años el Gobierno impulsó una ley para eliminar la autonomía de las 4 universidades estatales a través de un mecanismo que sometía su financiamiento al Ministerio de Planificación -Mideplan-, es decir, al gobierno de turno.

El proyecto fue ampliamente criticado por pretender someter a la educación universitaria y su libertad de cátedra a los intereses políticos del momento, lo que debilita la autonomía así como la capacidad de las universidades para regirse por principios no politizados, sino que se ajusten a la educación superior, la técnica y la ciencia.

El proyecto de ley de Rodrigo Chaves no prosperó y todavía está en la corriente legislativa, pero sin apoyo de las bancadas -excepto la oficialista- y sin buen ambiente en las agendas.

Esa iniciativa chavista suscitó una gran manifestación de apoyo a las universidades, aunad también a las intenciones del actual gobierno de rebajar el Fondo Especial de la Educación Superior -FEES-. Desde entonces, el movimiento de apoyo a Chaves en redes sociales emite ataques y bulos en redes sociales sobre la labor y funcionamiento de las universidades públicas, basados en tergiversaciones e incluso mentiras de la administración Chaves Robles, así como políticos contrarios a la educación pública y otros que buscan beneficiar la educación privada.