El expediente 24.353, que fue aprobado en segundo debate hace dos semanas, daría aumento a pensiones de 30.000 educadores.

Sin embargo, con la firma de la presidenta electa Laura Rodríguez y del todavía presidente Rodrigo Chaves, el Gobierno decidió vetar la ley por supuestas razones de “oportunidad y conveniencia”.

Las pensiones de 30.000 educadores que ofrecieron su vida al servicio de la educación permanecen congeladas desde el año 2020, por disposición de la regla fiscal, que establece que si la relación deuda y PIB es mayor a un 60% entonces no debe haber aumentos de ley.

El Frente Amplio creó esta ley para solventar ese problema y permitirle a los educadores una pensión digna, pero según el Ejecutivo esta lely “crea una obligación de gasto adicional, automática y recurrente con cargo al presupuesto nacional sin fuente de financiamiento ni previsión explícita de ajustes compensatorios”.

El problema ahora es que el plenario legislativo ahora será de mayoría chavista, lo que impediría que haya resello y la ley finalmente sea archivada, con la complacencia de los educadores ticos, quienes han asumido en su mayoría como propias las posiciones del chavismo.

El Gobierno alega también que “en un contexto normativo diseñado precisamente para la contención del gasto bajo condiciones fiscales restrictivas”, esa ley pondría una carga más sobre el presupuesto nacional. Sin embargo, esas pensiones no han recibido un aumento en 6 años y la situación fiscal durante el último gobierno Chaves Robles no mejoró, porque sigue en un número superior al 60% del PIB.

El Frente Amplio, ni los diputados salientes, se han manifestado por este nuevo hachazo de Rodrigo Chaves y su equipo contra proyectos aprobados recientemente y que son de ayuda social, como el de mejoramiento para las paradas de buses.

“Chaves no le hace daño a un diputado, le hace daño a un país”: el presidente veta la ley de paradas de autobús aprobada por unanimidad en Congreso