El diputado del Frente Amplio (FA) José María Villalta impulsa una ley para que los candidatos presidenciales y sus familiares, hasta segundo grado de consanguinidad, muestren su participación en estructuras jurídicas o sociedades privadas.
A través del expediente 22.551, Villalta propone que los candidatos presenten declaraciones juradas sobre las sociedades o estructuras jurídicas en las que participan como accionistas, fideicomitentes, fiduciarios o beneficiarios finales.
Dicha medida aplicaría para los cónyuges, compañeros de los candidatos, así como cualquiera de sus parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
En la misma línea, Villalta plantea que los candidatos presenten una declaración jurada sobre su situación patrimonial, en donde se incluya en forma detallada, los bienes muebles, los bienes inmuebles, las rentas, los derechos y las obligaciones que constituyen su patrimonio, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero.
La declaración comprenderá los cambios patrimoniales ocurridos hasta un año antes de la fecha de la presentación de la solicitud de inscripción de la candidatura ante el Registro Electoral.
Durante ese lapso, el declarante deberá indicar los bienes que han dejado de pertenecerle, el nombre del adquirente, el título por el cual se traspasó y la cuantía de la operación, así como las obligaciones adquiridas o extinguidas por pago o por cualquier otro motivo, el cual también deberá identificarse.
En el caso de la declaración de salarios y otras rentas, se deberá incluir la información correspondiente a los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de inscripción de la candidatura ante el Registro Electoral.
Finalmente, el diputado plantea que cada uno de los aspirantes a la presidencia de la República deban estar al día con sus obligaciones tributarias (sea nacionales o municipales), además de las cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social.
“Las personas que proponen sus nombres como candidatas a ocupar puestos de elección popular tienen que asumir que su intención de representar a la ciudadanía se debe corresponder con la más plena transparencia de sus acciones e intereses, y con la mayor altura moral. La aspiración a un cargo de representación popular exige un nivel de transparencia superior y especial, que implica hacer visibles los negocios, patrimonios e intereses económicos frente a la ciudadanía a la que se propone el nombre para representarles”, dijo el frenteamplista.
Leave a Reply