Reportaje que salió en Multimedios canal 8 no había sido presentada al juicio y rechazada por Tribunal Penal de Hacienda hoy, según un comunicado de aclaración que envió la Fiscalía esta tarde, así como información del Poder Judicial.

El reportaje que hasta Casa Presidencial envió a sus grupos de WhatsApp en los cantones, donde mantienen seguidores con recursos de Gobierno, se basó en presunciones que no habían sido presentadas como evidencia al expediente y hoy no fueron admitidas por el tribunal respectivo en el caso Barrenador.

La primera parte del cuestionado reportaje, además, presenta declaraciones del fiscal Carlos Díaz de muchos meses atrás, cuando obviamente no conocía de esa prueba y evidentemente son declaraciones descontextualizadas del momento presente. En efecto, cuando la supuesta prueba fue presentada, la Fiscalía decidió secuestrarla para conocerla y hacer el respectivo análisis, porque la conoció primero el medio de comunicación antes que el juzgado respectivo.

“Cabe indicar que la prueba mencionada en el reportaje de ayer, fue presentada hoy en la audiencia de apelación de las medidas cautelares impuestas a la Junta Directiva de la CCSS, siendo que la jueza del Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública rechazó dicha evidencia“, al parecer por no provenir de medios oficiales y haber sido de una procedencia dudosa. Es decir, el momento procesal fue equivocado.

“En el acto, de conformidad con el artículo 198 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público ordenó el secuestro de dicha prueba para investigar su proveniencia, análisis e investigación en el proceso penal“, informó el Ministerio Público.

El Ministerio Público aclaró que toda la evidencia que esta entidad ha aportado al juicio, al contrario, viene de medios oficiales y registrados.

“Dentro de un marco de legalidad, transparencia y objetividad, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción aclara que la documentación que sustenta la investigación y que, además, ha sido analizada por los diversos entes técnicos y por la Contraloría General de la República, ha sido obtenida por medios oficiales, como lo es el SICOP, donde se tiene un documento con fecha de 8 de abril del 2024, con ampliación del 10 de abril del 2024, que corresponde al único Estudio de Razonabilidad de Precios que ha formado parte de la licitación”, anota la Fiscalía sobre el caso.

“Esta información oficial consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que fue el procedimiento de compra conocido por la Junta Directiva, según se consigna en sesión pública”, agrega la institución judicial.

Asimismo, la Fiscalía verificó con la Dirección Financiera de la CCSS, la cual refirió: “Los documentos formalmente emitidos por esta Dirección y el Área de Contabilidad de Costros en relación con la licitación 2023LY-000002-0001101142 son los que constan en SICOP, no existe documentos previos oficiales en torno a este tema”.

“Así las cosas, el Ministerio Público continua con su labor de investigar de manera objetiva los hechos denunciados y el respectivo análisis de la prueba lícita, como corresponde en esta etapa”, concluye un comunicado.

Sin embargo, en un ejercicio de manipulación mediática, los acusados en este caso pasaron correos aparentemente filtrados cuyo registro no es oficial, con base en los cuales se basó Multimedios, sin el fairness adecuado, porque al publicar el reportaje con contaba con la versión de la Fiscalía.