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➡ La Auditoría Interna de la CCSS advirtió que la alta dependencia del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la cuota estatal es su “principal fuente de vulnerabilidad”, mientras el Gobierno condiciona el giro de esos recursos a la entrega de bases de datos de trabajadores y patronos.

Al cierre de 2025, la CCSS tuvo que usar por primera vez ¢50.000 millones de la reserva del IVM para pagar pensiones, un escenario proyectado originalmente para 2041. El gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, aseguró que el fondo cuenta, por ahora, con recursos suficientes. Sin embargo, la quiebra de la Caja va en camino…

➡ Un grupo de 39 funcionarios de la Dirección de Vida Estudiantil del MEP firmó un documento técnico oponiéndose a que estudiantes visiten cárceles como estrategia preventiva, propuesta por la presidenta Fernández, al señalar que la evidencia científica no respalda ese tipo de intervenciones.

El oficio recuerda que estos programas, conocidos como “Scared Straight“, son clasificados como ineficaces por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y advierte que podrían incluso aumentar el riesgo de conductas delictivas en los jóvenes expuestos. La ocurrencia, además, se presume que enfrentará amplia resistencia de los padres y madres de familia.

Legislativas

➡ El PLN y FA anunciaron que no darán los votos necesarios para frenar la reelección de magistrados del Poder Judicial, por temor a que el Ejecutivo aproveche las vacantes para tomar control de ese poder, según el diputado Salvador Padilla.

La primera prueba será la magistrada Julia Varela, de la Sala II, cuyo nombramiento vence el 16 de setiembre y se reelegiría automáticamente salvo que 38 diputados voten en contra, según el artículo 158 de la Constitución. Además, tanto el PLN, como el Frente Amplio, condicionaron su apoyo a los eurobonos a cambio de varias acciones políticas del Ejecutivo, como la deuda con la CCSS o que el Gobierno insista en poner el 13% a la canasta básica.

➡ Uccaep y la Asociación de Empresas de Zonas Francas pidieron a los diputados retomar el texto original del proyecto de jornadas 4×3, argumentando que las modificaciones introducidas en la Asamblea anterior lo volvieron prácticamente inaplicable para las empresas.

El expediente 24.290 no fue convocado por el Gobierno en el primer periodo de extraordinarias. La propuesta original planteaba jornadas de 12 horas con pagos adicionales de 17% o 25,5% sobre el salario mínimo, según el turno. Ese proyecto tiene una amplio rechazo de la oposición y podría ser bombardeado con mociones si ingresa a la corriente legislativa.

Sucesos

➡ El OIJ allanó la municipalidad de Osa por presunto peculado de uso relacionado con el préstamo de toldos institucionales. Las autoridades decomisaron evidencia relevante, pero no brindaron detalles sobre los imputados por tratarse de una investigación preparatoria confidencial.

El caso se suma a una serie de pesquisas judiciales contra gobiernos locales costarricenses por presunto uso indebido de bienes públicos, en medio de llamados a mayor fiscalización sobre el manejo de recursos municipales en el país.

➡ El operativo “Dalila” del OIJ desarticuló una red vinculada al alias “Diablo” que operaba dentro y fuera de las cárceles, con 39 allanamientos y la captura de 34 de 41 objetivos ligados a narcotráfico, homicidios, sicariato y contrabando de cigarrillos.

Dos mujeres lideraban la estructura: una encargada del área de sicariato y otra responsable de reclutar personas para ingresar droga a las cárceles. En paralelo, otro megaoperativo allanó al menos seis centros penales para desarticular una red de ingreso ilegal de celulares, con más de 40 objetivos de captura.

Cultura en aprietos

➡ El Ministerio de Cultura urge a las asociaciones del sector audiovisual a proponer miembros para el Consejo de Cinematografía, indispensable para otorgar el Fondo El Fauno, cuyos beneficiarios debieron anunciarse el 17 de julio sin que eso ocurriera.

El retraso se debe a que el reglamento de la Ley de Cinematografía, necesario para nombrar el Consejo, sigue pendiente de firma en Casa Presidencial. El MCJ asegura que no hay riesgo de afectación al proceso de otorgamiento del fondo. Para Casa Presidencial la cultura no es prioridad.

Gobierno confronta al Poder Judicial con discurso autoritario

➡ La presidenta Laura Fernández respondió con dureza al magistrado Jorge Araya, quien había advertido que los recortes presupuestarios al Poder Judicial conducen al país hacia el “autoritarismo” y que el “proceso de cierre” de ese poder ya comenzó.

Fernández le pidió “aceptar” que ganó las elecciones “por goleada” y negó tener interés en cerrar el Poder Judicial, insistiendo en que su gobierno busca “rescatarlo” de la mora judicial y presuntos casos de corrupción.

“El proceso de cierre del Poder Judicial comenzó y no es con un golpe de Estado, es con un golpe presupuestario”, advirtió el magistrado Jorge Araya sobre los recortes del Gobierno a esa institución.

“¡Acéptelo, yo gané las elecciones y por goleada!”, respondió la presidenta Laura Fernández al magistrado Araya, tras ser cuestionada por los recortes presupuestarios al Poder Judicial.

➡ La magistrada Patricia Solano vinculó el recorte de ¢3.053 millones al presupuesto judicial con una frase del ministro Rodrigo Chaves, quien tras controlar el Ejecutivo y el Legislativo afirmó que le faltaba “el Poder Judicial” por recuperar.

Solano calificó la medida como un intento “totalmente planeado” de ahogar económicamente a la institución, que ya enfrenta limitaciones para hacer operativos del OIJ, proteger víctimas y contratar intérpretes.

➡ La Presidencia se negó de nuevo a revelar el costo y el contrato de las pruebas de polígrafo aplicadas a jefes policiales, alegando que su divulgación podría poner en riesgo la seguridad nacional al ser utilizada por organizaciones criminales.

El único dato confirmado fue el nombre de la empresa aplicadora, IPSC. El caso está en trámite ante la Sala Constitucional mediante un recurso de amparo presentado por el ciudadano Janekeith Durán tras dos respuestas evasivas de Zapote.

➡ Un análisis de La Nación identificó 40 expedientes en la Sala Constitucional donde el bloqueo del PPSO a la elección de suplentes, obliga a sustituir a todo el pleno, no solo a un magistrado, debido a inhibiciones colectivas vinculadas a demandas contra el propio tribunal y a causas del expresidente Rodrigo Chaves. El dato no es menor, eso impide que la Ley y la Constitución se aplique al expresidente.

De los 123 recursos paralizados, 64 podrían resolverse con un solo suplente y 19 requieren sustituir a varios jueces. El magistrado Paul Rueda lidera las inhibitorias individuales con 36 casos, seguido por el presidente del tribunal, Fernando Castillo, con 16. Consecuencia del mensaje de la hija del magistrado Rueda en su estado de Instagram, donde presuntamente amenazó a Chaves.

Dictadura nicaragüense y Gobierno costarricense callado

➡ El expresidente Luis Guillermo Solís criticó con dureza a Daniel Ortega tras su afirmación de que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones, calificando el régimen sandinista de tiranía y advirtiendo sobre el avance del autoritarismo en la región.

Solís señaló que ni siquiera Costa Rica está exenta de fenómenos como el debilitamiento de los poderes judiciales y la deslegitimación de los medios, y llamó a defender las instituciones democráticas mediante la participación ciudadana.

Económicas: ¿Tipo de cambio forzado?

➡ ¿Esta el tipo de cambio contenido a la fuerza? La demanda de dólares para pagar la factura petrolera se disparó en junio a $340 millones, el monto mensual más alto en año y medio, por la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente, según el Banco Central.

Pese al alza, el tipo de cambio se mantiene en mínimos históricos porque el efecto llega con un rezago de 30 a 45 días y un superávit de dólares en el mercado privado ha absorbido el impacto, explicó el BCCR.

➡ Estados Unidos anunciará en los próximos días nuevos aranceles a unos 60 países, entre ellos Costa Rica, que enfrentaría una tarifa del 12,5% por no sancionar el trabajo forzoso en sus importaciones, según el representante comercial Jamieson Greer. ¿Son las jornadas 4×3 algún tipo de trabajo forzoso?

Costa Rica había pedido mantener las preferencias del DR-Cafta, que permiten exportar con arancel cero. El nuevo gravamen reemplazaría el arancel temporal del 10% vigente desde febrero, que está previsto que se suspenda el 24 de julio.

➡ El abogado del embajador Boris Marchegiani, Gerardo Bouzid, negó que exista un “escudo judicial” para evitar el pago de la deuda de más de $8 millones con el Banco Nacional, y atribuyó el incumplimiento a la crisis inmobiliaria de 2008.

Según Bouzid, el crédito se usó íntegramente para construir el Hotel Gaia y la caída del turismo estadounidense tras la crisis de 2008 afectó a “un centenar” de empresarios hoteleros en condiciones similares.

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