La presidenta Laura Fernández presentó esta mañana 6 nuevos proyectos de ley sobre temas de seguridad en el Congreso, donde aprovechó, nuevamente, reiterar un lenguaje confrontativo contra el Poder Judicial y la oposición.

El primero pretende eliminar duplicidad de audiencias, por lo que concentra la evidencia en una sola audiencia a realizar en el primer mes, después de la detención del causante del presunto delito.

Se trata de una reforma al Código Procesal Penal para reducir trámites y avanzar en el proceso de manera más rápida, “siempre con pleno respeto al debido proceso y al derecho de defensa de las personas que presentan causas”, afirmó Laura Fernández.

Además, persigue realizar una reforma constitucional al artículo 32, con el propósito de ampliar los criterios de extradición de costarricenses “en caso de delitos graves”.

Según la presentación de Fernández Delgado, la reforma es compatible con los tratados internacionales firmados por el país, no es una extradición generalizada y requiere una resolución firme de los tribunales.

Incluye, además del narcotráfico, lavado de dólares, tráfico de personas y otros delitos graves conocidos, también ahora terrorismo, cibercrimen, tráfico de armas, tráfico ilícito de órganos y tejidos, entre otros.

Además, propone una ley de mecanismos electrónicos de seguimiento, como las tobilleras, para -según dijo- corregir problemas en la aplicación de estos dispositivos.

La cuarta ley es para penar la explotación de la minería ilegal, principalmente en el apartado de aumentar penas a quienes practican este negocio ilegal. Este proyecto nace de un acuerdo entre las bancadas, después de la visita a Crucitas hace unas semanas, sin embargo, ahora deberá cursar la corriente legislativa para que las fracciones legislativas propongan sus mejoras.

La iniciativa siguiente es una ley de monitoreo electrónico por apremio corporal a causa de las pensiones alimentarias. El encarcelamiento de hombres, principalmente, por no pagar su pensión alimentaria satura las cárceles y genera cargas al sistema, por eso la ley busca que las personas que fallan en este deber puedan tener dispositivos electrónicos como tobilleras, para que sigan laborando mientras tanto.

El sexto proyecto busca cambiar las nomenclaturas de los rangos policiales con “categoría internacionales”, según Fernández, quien dijo que “el cambio no cambia la naturaleza civil de las policías nacionales”. El cambio incluye volver a usar categorías militares; capitán, teniente, teniente coronel, mayor, sargento, cabo, coronel y afines.