Oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía de Fronteras detuvieron el lunes a Axel Zúñiga Durán, quien figuraba como el sexto sujeto de la lista de los más buscados de Cartago. La captura se realizó pasadas las 5 de la tarde en Calle Salitrillo, Concepción de La Unión, luego de que los cuerpos policiales recibieran información confidencial sobre su ubicación. Zúñiga se suma a 6 más que ya fueron capturados, de una lista de vendedores de droga que el Ministerio de Seguridad identifica como cabecillas.

Zúñiga mantenía una orden de captura por venta de drogas y, según la policía, formaría parte de la estructura conocida como Los Gery, que opera en ese sector de la provincia. Con su detención, ya son seis las personas atrapadas de los 14 nombres que integran la lista de más buscados de Cartago difundida por el Ministerio de Seguridad Pública. El detenido será puesto a la orden de las autoridades judiciales.

Capturas como esta ocurren en momentos en que la Universidad Estatal a Distancia (UNED) advierte que Costa Rica corre el riesgo de ver surgir cabecillas cada vez más jóvenes si no se rompe el ciclo que alimenta al crimen organizado. “Las detenciones de cabecillas no resuelven por sí solas el problema de la violencia, pueden surgir nuevos cabecillas y lo preocupante es que, de acuerdo con la tendencia que estamos observando, son personas cada vez más jóvenes”, explicó Karen Jiménez Morales, encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED.

Según Jiménez, una intervención policial puede debilitar la operación inmediata de un grupo, pero si persisten las condiciones sociales que facilitan el reclutamiento, otras personas ocupan rápidamente esos espacios. “Si únicamente intervenimos cuando el joven ya forma parte de una organización delictiva, estamos llegando tarde; la prevención tiene que comenzar mucho antes, desde las comunidades, las familias, los centros educativos”, afirmó.

La especialista insistió en que la acción policial y judicial es necesaria, pero debe ir acompañada de políticas sostenidas de prevención social: permanencia de menores en el sistema educativo, oportunidades de empleo y capacitación, recuperación de espacios públicos, alternativas deportivas y culturales, y un trabajo articulado entre comunidades, gobiernos locales e instituciones públicas.

“Necesitamos la intervención policial y necesitamos que quienes cometen delitos enfrenten las consecuencias correspondientes, pero también tenemos que impedir que detrás de ellos exista una nueva generación lista para sustituirlos”, concluyó Jiménez, quien citó el artículo 140 de la Constitución Política sobre la responsabilidad del Poder Ejecutivo de mantener el orden y la seguridad del país.

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